Cuando aún no habíamos terminado de rasgarnos las vestiduras por el caso Cassandra Vera y su condena a un año por tuitear chistes sobre Carrero Blanco, la Audiencia Provincial de Madrid admitió a trámite una querella de la Asociación para la Defensa Del Valle de los Caídos contra El Gran Wyoming y Dani Mateo, presentadores de El Intermedio, por hacer un chiste sobre esa mierda de monumento franquista, obra realizada durante el albor de la dictadura utilizando como esclavos a prisioneros de guerra. Asistimos así a los últimos episodios de una larga procesión durante años de denuncias ante los tribunales y juicios en los que el humor o supuestos chistes acaban convirtiéndose en delitos de enaltecimiento al terrorismo o contra los sentimientos religiosos, retorciendo los artículos de la ley y utilizándolos para casos para los que no estaban pensados en su creación.
Pero, ¿de qué nos escandalizamos? La Unión General de Trabajadores lleva años denunciando la persecución del ejercicio de derechos fundamentales como los de expresión, manifestación y huelga bajo el amparo de una Ley de Seguridad Ciudadana, bien apodada como “Ley Mordaza”, o el uso retorcido y abusivo del artículo 315.3 del Código Penal, un reducto normativo franquista que de repente los fiscales utilizan al unísono. ¿Casualidad? A la vista de 300 sindicalistas encausados bajo esa acusación podemos determinar que no es fruto de la casualidad.
Estamos asistiendo a durísimos envites para acallar las voces discrepantes, aunque para ello haya que retorcer las leyes.
Por eso propusimos que el Congreso de los Diputados derogara la Ley Mordaza y apoyamos que haya admitido a trámite una proposición de ley de los grupos parlamentarios de izquierdas en ese sentido. Pero eso no es suficiente. “Es necesario dar inmediatamente los pasos para derogar el artículo 315.3 del Código Penal, y modificar el artículo 172 del mismo Código, sobre el delito de coacciones, para evitar que la Fiscalía, eliminado el artículo 315.3, se sienta tentada a utilizar aquél directamente contra los huelguistas o miembros de piquetes informativos, olvidando, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, que se está ejerciendo un derecho fundamental, el de huelga. Tan fundamental que sin derecho de huelga no hay democracia”.
Y no hay tiempo que esperar porque hay cientos de sindicalistas encausados. Algunos de ellos ya han tenido que sufrir su enjuiciamiento bajo la acusación basada en ese artículo y otros están a punto de hacerlo, además de llevar varios años de juicio social a la espera de comparecer ante los tribunales.
Ese es el caso de Rubén Ranz y José Manuel Nogales, conocidos como los dos de la Plaza de la Lealtad, sindicalistas de UGT de los sectores de hostelería y comercio de la federación FESMC que serán juzgados el 21 de junio de 2017, encausados judicialmente como consecuencia de su participación en un piquete informativo en la huelga general de 29 de marzo de 2012. Ese día fueron detenidos en las inmediaciones del Hotel Ritz, tras una carga policial desproporcionada, a las espaldas del piquete de huelga, sin previo aviso y sin intentar mediar. Fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz, donde estuvieron retenidos hasta pasar a disposición judicial al día siguiente. A las 13:30 del 30 de marzo prestaron declaración ante el juez de Instrucción.
En ese acto conocieron los delitos que les imputaban y la petición del fiscal de la prisión preventiva porque los delitos superaban los cuatro años de cárcel y era necesario ser ejemplarizantes con la sociedad, además, añadió el fiscal, que el sindicato los iba a ayudar a huir del país. A las 15:30 fueron puestos en libertad con cargos y el Juez de Instrucción, en su escrito, rechazó la petición de la fiscal por desproporcionada. En abril de 2014 recibieron el escrito de acusación por parte de la fiscalía. En total les piden siete años de cárcel en base al artículo 315.3 y por agresiones a un camarero y a un policía, además de una multa de 7.500 euros e indemnizar al policía por las lesiones. Las lesiones del policía fueron un meñique de la mano derecha dañado, que según 14 policías fue realizado por Rubén Ranz con el palo de una bandera de plástico. Hay que recordar que estos policías eran antidisturbios y estaban perfectamente equipados y que cargaron a sus espaldas.
Para que se hagan a la idea del tipo de individuos a los que se va a juzgar, la clase de delincuentes a los que se acusa, baste señalar que tanto Rubén Ranz como José Manuel Nogales se dedican a la negociación colectiva, y en el caso concreto de Nogales es un especialista en la mediación y trabaja como mediador en el Instituto Laboral de Madrid.
Cinco años después de todos esos hechos serán juzgados por unos delitos que no cometieron y en base a unos artículos trasnochados y utilizados de manera interpretable como poco. Las organizaciones sindicales nos hemos movilizado durante todo este tiempo para retirar el 315.3 del Código Penal que castiga a los piquetes de Huelga, un artículo de los tiempos de Franco que ha sobrevivido a las diferentes reformas y que nunca se había utilizado. Son más de 300 sindicalistas encausados por este artículo del Código Penal. Muchos de los casos son auténticamente insólitos y desproporcionados por los años de cárcel que la fiscalía solicita a los sindicalistas.
Una fiscalía cuyo papel de defensa de la legalidad está en entredicho después de escuchar en un juicio del caso Noos que Hacienda no somos todos, haciendo alusión a la familia Real, y luego pedir siete años de cárcel a un piquete de Huelga. No es justo que esta sociedad tenga que ver como la fiscalía sólo pide cuatro años de cárcel a los que se apropian de los ahorros de nuestros mayores mientras que por un tweet supuestamente ofensivo o por defender los derechos e intereses del conjunto de los trabajadores piden más años de prisión.
Dejemos de sorprendernos y hagamos que la mayoría parlamentaria cambie estas leyes injustas e interpretables y, en concreto, elimine inmediatamente el artículo 315.3 del Código Penal y modifique el 172 para que no pueda ser utilizado contra quienes ejerzan el derecho fundamental de huelga.
Es hora de defender la libertad de expresión, manifestación, huelga o cualquier otra, porque hoy atacan a actores, tuiteros, humoristas, sindicalistas, pero mañana le puede tocar a cualquiera de nosotros, incluidos políticos, periodistas o jueces. Podemos pensar que no llegará pero nos llegará. Hoy tod@s a una por la libertad.
PD: Todo esto sucede mientras en nuestro país se ponen las banderas a media asta por la muerte de Jesucristo, en un acto que no representa a todos los españoles de otras confesiones o que son ateos. Quizás deberíamos pensar en poner las banderas a media asta por cada inmigrante o refugiado que pierde la vida intentando llegar a las costas de Europa buscando una vida mejor para el y los suyos o por cada mujer que es asesinada por el terrorismo machista. Seguro que a Jesús le parecería más oportuno.
