Una de las cuestiones que más hemos debatido en los últimos meses ha sido la de la subida del SMI. En agosto, ante la inacción del Gobierno, desde UGT, señalamos que saldríamos de todas las mesas de negociación existentes si no se producía un incremento que consideramos imprescindible para muchas cosas. Entre otras, para evitar el deterioro del poder adquisitivo de los más débiles que supone una inflación alta impulsada por unos precios energéticos desbocados.

Pero, sobre todo, para mantenernos en lo que es nuestro principal objetivo: una salida social de la crisis. Una salida distinta a la de la crisis anterior en la que el deterioro que sufrió la clase trabajadora fue enorme. Todos nuestros pasos en la negociación institucional (ERTES que sostienen el empleo frente al despido, prestaciones por desempleo ampliadas, ayudas a diversos colectivos como autónomos o empleadas de hogar, etc.) han seguido la misma senda: intentar que nadie quede atrás.

Es cierto que faltan medidas por acometer. Que los pactos no han salido exactamente como queríamos. Que no estamos conformes con la situación actual de precariedad y pobreza y que reclamamos un círculo social de hierro para las personas de este país. Pero las medidas acometidas son muy diferentes a la de la crisis anterior. Y, en ello, el papel de los sindicatos ha sido vital.

Este último acuerdo de incremento del SMI, del cual se ha desmarcado de forma lamentable la patronal, incrementa el SMI en 15 euros, con fecha de efectos 1º de septiembre. Seguramente no es la cantidad que reclamábamos, pero es una medida en la dirección adecuada: lograr el objetivo de que el SMI suponga en el 2023 el 60% del salario medio en España tal como recomienda la Carta Social Europea. Para ello, el año que viene debe alcanzar los 1.000 euros mensuales.

Frente a este acuerdo, ya nos encontramos con los corifeos de la denominada ortodoxia económica, yo los denominaría secuaces de la explotación social. Dirán, dicen, que se destruirán miles de empleos, sin apoyo científico alguno. Dirán, dicen, que se destruye el crecimiento. Y es que el único crecimiento que entienden es de las grandes fortunas que se ha multiplicado durante la crisis.

Desde UGT, sencillamente afirmamos que una sociedad que se autodenomina democrática, social y derecho, no se construye sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras menos protegidos de este país, aquellos a los que la negociación colectiva no alcanza por la presión empresarial o en los que la misma no posee la fuerza para implantar unas condiciones dignas para el trabajo asalariado. Por ello, sin duda este acuerdo es una buena noticia.