Los PGE van en la buena dirección y están marcados por su carácter social. UGT luchará por mejorar los mismos en defensa de las personas trabajadoras.
Esta semana se ha hecho público el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, los dos grupos políticos que forman el Gobierno de coalición, sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2023. Tras la elaboración por parte del Gobierno, para su aprobación final deberán ser debatidos y ratificados por las Cortes Generales. Desde esta organización queremos dar nuestra opinión y algunas propuestas para aportar, de modo constructivo, en este proceso de negociación hasta su aprobación definitiva.
Este acuerdo, en primer lugar, despeja incertidumbres sociales y económicas para nuestro país y están marcados por un carácter social indiscutible. Concretamente, estos presupuestos tienen un récord de gasto social de 266.700 millones, es decir una subida del 10,5%, y un nivel histórico de inversión del Estado, lo que supone un incremento de más del 23% respecto a los datos de 2022.
Por tanto, van en la línea de lo que se viene discutiendo en los últimos meses en nuestro país y cumplen sus obligaciones con algunos colectivos, como las personas jubiladas. En este sentido, es el segundo año que se aplica la reforma de las pensiones que acordamos los agentes sociales con el Gobierno y, por eso, para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas se revisa el importe que perciben con el IPC. Es un logro muy importante porque nuestros mayores tienen derechos y nadie se los puede quitar.
Al mismo tiempo, quiero señalar otros avances sociales de estos presupuestos como la ampliación de los supuestos para percibir la ayuda de 100 euros al mes para las madres por cada hijo de 0 a 3 años, hasta ahora esa ayuda solo era para madres trabajadoras. Además, el Gobierno se ha comprometido a llevar al Consejo de ministros la ley de familias antes de final de octubre.
Sociolaboralmente, los Presupuestos Generales del Estado aumentan la cuantía de la percepción por desempleo a partir del séptimo mes, lo que es un claro avance para muchas personas en una situación de vulnerabilidad social. Aproximadamente 300.000 personas en desempleo pasarán a cobrar 100 euros más de media al mes si el Parlamento aprueba las cuentas del Estado para 2023.
Por otro lado, hay una apuesta decidida por los servicios públicos: se mejoran los salarios y las condiciones de los trabajadores públicos y se refuerza las partidas de sanidad, especialmente en atención primaria, educación, dependencia y becas. Con relación a esto, también se percibe un apoyo claro por el transporte público y la movilidad sostenible, con la partida de 660 millones de euros para mantener los abonos gratuitos para trenes de Cercanías y Media Distancia en 2023.
En definitiva, estos presupuestos, desde una visión global, nos parecen positivos. Aunque como organización queremos que se cuente con nuestra opinión y nuestras propuestas de mejora, que realizaré personalmente el lunes en la reunión que tendré con la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Por ejemplo, el aumento de la partida del gasto de defensa no puede ser a costa de quitar dinero a otras políticas comprometidas y debe estar inmerso en un acuerdo social en el que se especifique que este incremento va a repercutir económicamente en el país.
Por otro lado, en esta negociación presupuestaria se ha quedado fuera la Ley de Vivienda, tan necesaria para combatir la emergencia habitacional y para cumplir el derecho a la vivienda que la propia Constitución reconoce. Hay que proteger con la máxima garantía este derecho en la futura ley, como defienden las enmiendas ante el Anteproyecto de Ley, presentadas por UGT, CCOO y otras organizaciones sociales. En suma, aunque en general son unos buenos Presupuestos, nuestro sindicato, como lo ha hecho siempre, luchará por mejorarlos en defensa de las clases populares y las personas trabajadoras.
