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Desigualdad, justicia fiscal y salarios

Bajar impuestos es recortar el Estado de bienestar. La justicia fiscal es la mejor manera de luchar contra la desigualdad redistribuyendo la riqueza.

Desde el inicio de la pandemia, el 1% de los más ricos del planeta sigue aumentando su patrimonio económico y ya acumula el 45,6% de toda la riqueza mundial (activos financieros, dinero efectivo e inmobiliario). Estos datos no los da ninguna organización “peligrosa” de extrema izquierda, sino que los acaba de publicar el banco suizo Credit Suisse en su tradicional Global Wealth Report 2021, informe anual que analiza la distribución de la riqueza económica mundial. Concretamente, en el último año la riqueza de este pequeño grupo de multimillonarios pasó del 43,9% al 45,6%, constatando por tanto un aumento exacerbado de la desigualdad.

En nuestro país, la situación ha mejorado un poco, pero aún hoy, España es uno de los países de la UE con mayores niveles de desigualdad en la distribución de ingresos entre sus ciudadanos –la quinta peor cifra en el indicador Gini de Europa–, solo superada por Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria.

Esta desigualdad se ve agravada con la inflación actual que está provocando una fuerte depreciación del dinero: el último IPC publicado refleja un aumento anual de los precios del 9%, el anterior era del 10,5% Y lo que es más grave, los alimentos y las bebidas son ahora un 13,8% más caros que el año pasado, y el IPC subyacente, sin energía ni alimentación, es del 6,3%. Por eso, es tan ineludible subir los salarios globalmente para que las personas trabajadoras, y sobre todo las más vulnerables, no pierdan poder adquisitivo. Para lo cual, es necesario que la CEOE se siente ya a negociar y desbloquee la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Con este motivo, esta semana desde UGT y CCOO hemos anunciado concentraciones ante las sedes de las patronales para el 7 de octubre y una manifestación en Madrid para el 3 de noviembre.

Por otro lado, ante la actual situación no podemos hacer una política fiscal regresiva que reduzca impuestos a los que más tienen, haciendo peligrar los recursos públicos con los que financiamos nuestro estado de bienestar. Categóricamente lo digo, bajar impuestos es recortar el Estado de bienestar. Qué ninguna persona trabajadora y de clase media se engañe: bajar impuestos, sobretodo el IRPF o el IVA, puede salir caro, porque quiere decir que lo vamos a pagar en los libros de texto de la escuela pública, matriculas universitarias, menos ayudas sociales, más sanidad privada pagando, listas de espera más largas, que quiere decir bajas por IT más largas que perjudican el sistema de la seguridad social y las pensiones… es el espiral de la austeridad, vieja receta que sabemos que genera freno de la economía y castiga el consumo y el empleo. 

Necesitamos, por el contrario, incrementar los ingresos públicos para mejorar los servicios públicos y la vida de la mayoría social que habita nuestro país.  Y, para ello, no cabe otra que aumentar los impuestos a las personas y empresas que más renta obtienen y más patrimonio económico poseen. Y esto debe hacerse sobre todo a través de impuestos directos y progresivos. En este sentido el paquete de medidas fiscales que ha lanzado el Gobierno van, en general, en la buena dirección. Subir tipos en rentas superiores a los 200.000 y 300.000€ es correcto y el nuevo impuesto para grandes fortunas de más de 3 millones de € es una buena notícia.

Por último, estas medidas deben tener un carácter permanente, no puede ser solo algo eventual o coyuntural, porque la justicia fiscal es la mejor manera de luchar contra la desigualdad redistribuyendo la riqueza.

 
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