Es posible que durante los últimos días se me haya oído repetir en más de una ocasión que, en este país, hemos llegado al punto de tener personas con empleo que viven en la calle, debajo de un puente, en un cajero, en un parque, en cualquier sitio. No voy a dejar de repetirlo, aviso.
Tener empleo y vivir en la calle es la expresión más dramática de que el trabajo ha sido precarizado hasta el punto de que ya no sirve para salir de la pobreza.
Necesitamos continuar denunciando esta situación y exigiendo políticas que se ocupen de dar respuesta a las necesidades de la gente, empezando por disponer de un empleo digno, que permita a las personas tener confianza en el futuro, contribuir al desarrollo de la sociedad a la que pertenece, y recibir de ello lo que es justo por su esfuerzo.
Desgraciadamente al Gobierno le ha ido muy bien durante algunos años la fórmula de negar la realidad, de decir una cosa y de hacer otra, de abusar de la mentira y el decretazo. Y no hay indicios que nos lleven a pensar que tiene intención de cambiar. No es lo mismo hacer proclamas de diálogo que dialogar. No es lo mismo llamar a la negociación que negociar. No sé en otros ámbitos, pero en el diálogo social no hay avances porque no hay negociación, ni siquiera en la mesa de pensiones, hasta ahora la única que funciona de las anunciadas por el Ministerio de Empleo en diciembre. Veremos si las nuevas mesas de trabajo acordadas con el Ministerio pasan de los titulares al diálogo.
Lo mismo sucede en la interlocución entre patronal y sindicatos, en el que no se ha avanzado ni para dar cumplimiento a la parte del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva firmado en 2015, vigente para este año, y pendiente de concretar en materia salarial, como se había acordado.
Es necesario un crecimiento generalizado de las rentas vinculadas al trabajo, desde los salarios hasta las pensiones, pasando por la protección por desempleo y social, incluida una prestación de ingresos mínimos, como se va a debatir en el Parlamento gracias a la iniciativa de los UGT y CCOO.
Nada justifica que no sea así. La economía española crece a un ritmo del 3%, y eso no es estar en crisis. En estos días se están presentando muchos resultados empresariales, y la gran mayoría ya están claramente en beneficios (con anuncios añadidos de incrementos de las retribuciones de sus altos directivos). La inflación ha llegado al 3% en enero y con tendencia de mantenerse en positivo durante todo el año, por tanto, también en esto se cierra la crisis. Las cosas han cambiado, y deben cambiar también para los trabajadores.
¿Por qué mantener el mercado de trabajo sometido a medidas de devaluación salarial que se aprobaron en lo más profundo de la crisis? ¿Hasta cuándo quieren mantener un marco laboral regulatorio (injusto) hecho para un contexto económico que ha terminado?
Tenemos que finiquitar la austeridad, los ajustes, y las leyes de la vergüenza que trajeron bajo el brazo. Hay que cambiar devaluación salarial por subidas de salarios, pensiones, prestaciones y subsidios. Una cuestión de justicia que impulsará el consumo, lo que además ayudará a consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo.
La austeridad y los ajustes le dieron un tajo a nuestros derechos ciudadanos y nuestros servicios públicos y se quedaron con la mitad. Queremos que nos los devuelvan. Vamos a movilizarnos y reclamar que se deroguen las leyes que supeditan los intereses de las personas a los de las empresas. La competitividad no es un valor superior a las condiciones de vida de la gente. La viabilidad de las empresas debe ser compatible con un salario justo, y unas condiciones laborales justas.
Para eso nos estamos movilizando. Para eso buscamos sin descanso la complicidad de los partidos políticos que dicen compartir los mismos objetivos. Espero que sea más pronto que tarde que consigamos el objetivo. Porque la gente, los trabajadores, los ciudadanos, lo necesitan. Porque es bueno para ellos y es bueno para el país. Es bueno para todos.
