La semana pasada insistía en la pobreza laboral y hoy lo hago en el fenómeno del empleo alimenticio: esos trabajos que solo te dan literalmente para poder vivir, prácticamente para comer.
Y es razonable pensar que es así cuando hay 3,3 millones de hogares que, entre todos sus miembros, no consiguen ingresar más de 900 euros al mes, cuando hay 6,5 millones de ciudadanos que cobran menos del salarios mínimo en términos anuales, cuando 3,5 millones de ellos ganan menos de la mitad del salario mínimo, cuando el 20% de la población trabajadora, 3,3 millones de conciudadano, están en situación de pobreza.
Y esto es así porque tenemos una legislación que ha provocado la devaluación salarial y que favorece el dumping laboral, que permite que un trabajador que ganaba 1.200 euros sea despedido y contratado por otra empresa para desempeñar sus funciones en el mismo puesto de trabajo por solo 700 euros.
Y esa precariedad y temporalidad esta provocada a su vez por una legislación laboral que favorece un mercado laboral precario y temporal. Es cierto que se está creando empleo, pero empleo inseguro, por días e incluso por horas, basado en la rotación laboral. Los datos de paro registrado revelan que en febrero se han realizado 1.452.528 contratos para 9.355 parados menos 68.000 afiliados más es decir, se han tenido que hacer 155 contratos por cada trabajador que ha dejado el desempleo, 20 contratos por cada alta neta a la Seguridad Social.
Y mientras millones de españoles sobreviven con esos ingresos y esos empleos, tenemos una patronal que se aferra a que lo incrementos salariales no suban este año más allá del 1,5% y cuya negociación parta de la congelación salarial. Y mantienen esa posición mientras la inflación de enero y de febrero es del 3%, mientras los datos de contabilidad nacional sostiene que nuestra economía sigue creciendo a ritmos del 3%, que la demanda es la que tira de nuestro producto interior bruto, y que los beneficios empresariales (y los sueldos de sus altos directivos) crecen con fuerza. Nada justifica que los salarios crezcan entre el 1,8% y el 3% que pedimos los sindicatos, esa es la franja que hemos planteado.
Y encima recibo cartas de los presidentes de la CEOE y CEPYME instándome a negociar medidas de flexibilidad. En fin. Quizás quieran implantar en España el contrato británico de cero horas, que permite a las empresas contratar trabajadores bajo el compromiso de estar siempre a disposición de la empresa sin asegurarles horas de trabajo, salario, condiciones, etc. Por cierto, casi un millón de trabajadores británicos tienen ese tipo de contratos.
Y UGT no está dispuesta a introducir más desregulación y precariedad al mercado laboral español. Al contrario, vamos a luchar por recuperar derechos laborales y sociales, y empleo y salarios dignos.
Lo dicho, vivimos unos tiempos en los que el trabajo no da para vivir, solo para sobrevivir. Empleo alimenticio. Y UGT no lo puede permitir.
