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NO al CETA, Sí a una agenda comercial progresista

No soy proteccionista, no me gustan los populismos, y estoy absolutamente en contra de la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, el CETA. Y no hay contradicción en esas tres cosas.
Es necesario fomentar el comercio internacional, de acuerdo, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio. El CETA, que lamentablemente ha sido ratificado esta semana por el Parlamento Europeo, es un tratado que va mucho más allá del comercio al tratarse de un acuerdo global de liberalización cuyo objetivo es lograr la desregulación sin excepciones. Está pensado por y para los intereses de las empresas sacrificando por el camino una parte esencial de la soberanía del Estado español y del conjunto de la Unión Europea.

La liberalización del comercio mundial y la globalización no generan, por sí mismos, beneficios para la mayoría de los ciudadanos. Generan acumulación de riqueza para unos pocos. Y justamente el CETA no es un elemento que frene la pérdida de derechos que está representando la globalización. No se puede engañar a los ciudadanos. Que Canadá no sea EEUU, y que allí no se haga la misma política que está empezando a desarrollar Donald Trump, no convierte en bueno el CETA. Y el hecho de que la ultraderechista francesa, y europarlamentaria, Marine Le Pen haya votado contra el CETA no significa que compartamos ni siquiera mínimamente sus criterios.

UGT aboga por un comercio justo, que cree riqueza y progreso por igual para todos, que no sirva a los intereses de las grandes corporaciones y a los esfuerzos de liberalización de la Comisión Europea, sino que beneficie también a los trabajadores, a los consumidores y a la ciudadanía en general.

Lamentablemente la Eurocámara ha ratificado el CETA, con lo que algunas de sus medidas podrán ponerse en marcha de forma provisional. Pero tiene que ser ratificado por los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE y, por tanto, todavía nos quedan cosas por hacer.

El CETA tiene que mejorar sustancialmente en algunos aspectos, ¿cuáles?:

  • No parece muy lógico que, siendo todos los estados europeos democracias constitucionales, sea necesario establecer derechos especiales para inversores privados, por lo que no es necesario establecer un tribunal de inversión especial (ICS). Este mecanismo –que sustituye al planteado con anterioridad para la resolución de controversias entre inversores y Estado (ISDS)- sigue siendo innecesario en estados democráticos, y sigue sin proteger los derechos de los trabajadores.
  • Los servicios públicos deberían quedar completamente excluidos del ámbito de aplicación del CETA. Debería eliminarse, en concreto, cualquier obligación concerniente a la protección a las inversiones establecida en el tratado. Y sigue siendo necesaria una cláusula modelo que garantice de forma fiable que los servicios públicos estén completamente exentos de cualquier tipo de desregulación y liberalización.
  • Hay que descartar expresamente cualquier interpretación que considere barreras al comercio los estándares sociales, laborales o medioambientales.
  • Debe establecerse un mecanismo de sanciones legales que castigue las infracciones laborales y medioambientales.
  • El principio de precaución europeo (que la inocuidad de los productos debe ser demostrada antes de su aprobación) debe tener prioridad sobre las regulaciones del CETA.

La política comercial de Europa debería servir no sólo a sus intereses, también a sus valores. Por eso nuestro parlamento debería rechazar el CETA. Sería lo mejor para evitar, en el corto y medio plazo, las consecuencias en forma de pérdida de miles de empleos, y de pérdida de calidad de vida (sobre todo de calidad de vida medioambiental), y promover un replanteamiento integral de la política comercial para adoptar una agenda comercial progresista.

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