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El BANCO DE ESPAÑA TIENE UNA RESPONSABILIDAD EN LA CRISIS

A raíz de un artículo publicado por El País el pasado 2 de febrero, que recogía la relajación de las normas a las entidades financieras al inicio de la crisis por parte del Banco de España, este diario decidió publicar un editorial denunciando la aplicación de “reglas excepcionales de tolerancia”, en el que, para afianzar la credibilidad del Banco como institución, se reclamaba “una actuación más decidida en el ámbito de las normas de inspección”. Además, este editorial considera que el Banco debería revisar los procedimientos y controles internos en supervisión e inspección.

El gobernador del Banco de España ha decidido contestar a través de un artículo en el que no aclara por qué se actuó de esa manera, pero justifica al Banco basándose en que “todas las instituciones, nacionales e internacionales, incurrieron en grandes errores de previsión, también el Banco de España”.

En definitiva, que el Banco de España relajó las obligaciones de la banca en los primeros momentos de la crisis, retrasando el reconocimiento de las situaciones de morosidad y pérdidas, circunstancia que podría haber sido decisiva en la incidencia de esta crisis financiera sobre la economía española, pero la culpa es de que todos cometemos errores.

En el caso del Banco de España, llueve sobre mojado: los informes de inspectores y trabajadores del Banco de España a propósito de la salida a bolsa de Bankia, la autorización para saltarse la normativa contable y el Código de Comercio, permitiendo que las cajas integradas en Bankia contabilizaran sus pérdidas contra reservas y un largo etcétera de irregularidades permitidas y, según denuncia ahora El País, incluso auspiciadas por la dirección del Banco de España, muchas veces en contra del criterio de sus inspectores.

Parece que la estrategia se dirigía a evitar la quiebra de las entidades, pero el resultado fue que hubo que acudir (para evitar la quiebra de las entidades precisamente) a una fuerte “inyección de fondos públicos”, que continuaremos pagando muy cara y durante mucho tiempo los ciudadanos.

Claro que, según el gobernador del Banco de España, las entidades españolas realizaron saneamientos por 270.000 millones, asumidos en su mayor parte por los accionistas, que son quienes tienen que asumir los saneamientos de las empresas, mientras que el coste de la crisis en términos de recursos públicos “ha sido elevado”.

Señala que en España no se haya optado por soluciones a la inglesa, a la alemana o a la holandesa “consistente en la inmediata nacionalización de las entidades en crisis” (tal vez ha olvidado de nuevo el caso de Bankia) y tal como lo expresa parece que nuestra solución es mejor y más razonable que la adoptada por estos países, aunque a la luz de los resultados, esos países han actuado mejor que España (y también más rápido, que los tiempos tienen importancia).

Lo cierto es que la gestión de la crisis en España se retrasó de manera preocupante y que ahora sabemos que el Banco de España tuvo una importante participación y responsabilidad en este retraso.

Que el coste ha recaído de manera especial sobre los trabajadores, que han sufrido una reforma laboral bestial, una devaluación salarial salvaje, y un deterioro profundo de las condiciones laborales, al tiempo que se han mantenido unos niveles de desempleo y de desprotección enormes.

Que contamos con un incremento muy importante de la pobreza laboral. Que son pocos los trabajos generados que cuentan con un salario digno, de modo que contar con un empleo no significa salir de la pobreza.

Que tenemos unos niveles de precariedad laboral que actúan en contra del saneamiento económico.

Que las pensiones pierden y perderán poder adquisitivo.

Que se han hecho grandes recortes en servicios esenciales, como la educación y la sanidad.

Y que diga lo que diga el gobernador del Banco de España, no hemos salido de la crisis.

Pero estamos en un país más pobre y con mayor desigualdad (eso también lo dice el Banco de España), más injusto y que le suma a la brecha social una enorme brecha generacional, que también se percibe ya como un enorme peligro de inestabilidad económica.

Y además hemos incrementado peligrosamente la deuda pública.

Por eso, es urgente que se mejoren las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos, que el crecimiento se acompañe de políticas distributivas y redistributivas que permitan la reducción de la pobreza y la desigualdad, que se deroguen las sucesivas reformas laborales que tanto daño han hecho al nivel y la calidad del empleo, que se recuperen derechos ciudadanos. Solo entonces podremos hablar de salida de la crisis.

Y mientras tanto, es también urgente que se cuente con una información exacta sobre la crisis de las entidades financieras, el coste que ha supuesto, supone y supondrá para los ciudadanos y la actuación de las instituciones al respecto.

El rescate bancario ha supuesto en España un traslado de los costes de la crisis a los ciudadanos muy superior al de otros países europeos. Aclarar el papel de las instituciones en la crisis financiera es un ejercicio de responsabilidad que no se puede obviar con una especie de carta larga al director.

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