Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, tan solo unos días después de que la Sociedad española de Oncología médica haya denunciado que los casos de cáncer en España ya superan los previstos para 2020 y que uno de cada tres españoles desarrollará un cáncer a lo largo de su vida (hasta hace poco la estimación era uno de cada cuatro, que ya era una barbaridad).
Esas cifras contrastan drásticamente con que en el año 2016 solo se han registrado 36 enfermedades profesionales del Grupo 6 Carcinógenos, de las que 24 son por amianto. Esta infra-declaración sucede porque en la práctica totalidad de los casos es considerado enfermedad común, por lo que termina atendiéndose por el sistema público de salud y no por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. El estudio publicado por UGT en colaboración con la Universidad de Granada “Costes sanitarios directos del cáncer de origen laboral atendido en el Sistema Nacional de Salud”, cada año 9.500 muertes por cáncer en España podrían estar relacionadas con el trabajo (el 5,3% de todos los cánceres), de los que se declaran como enfermedad profesional entre el 0,1 y 0,2%. Este estudio cifra en más de 158 millones de euros los costes sanitarios transferidos a los Servicios de Salud de las CC.AA.
Desde UGT tenemos que volver a poner el acento en este día en la “infradeclaración” del cáncer laboral como enfermedad profesional y reclamar a las administraciones públicas un compromiso para que se reconozca como tal.
Hay que acabar con este ridículo y esperpento de la falta de reconocimiento del cáncer de origen laboral, que está privando a los trabajadores afectados de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional, a la vez que tenemos que terminar con los enormes costes que soporta el Sistema Público de Salud y que deberían asumir las mutuas.
Por otra parte, es absolutamente imprescindible eliminar los agentes cancerígenos en los centros de trabajo, a la vez que extender la vigilancia de la salud postocupacional al conjunto de trabajadores que hayan podido estar expuestos a agentes cancerígenos, como ya exige la Ley en ambos casos.
Esta situación requiere de un compromiso real y efectivo de administraciones y empresas, que permitan conseguir la consecución cierta de un derecho a la salud y evitar una lacra que está siendo tratada como una enfermedad común.
