Desde el 1 de junio, estamos en el periodo de riesgo alto por incendios forestales, poniéndose en marcha el despliegue de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

La subida generalizada de las temperaturas, las épocas de sequías prolongadas, o el aumento de las olas de calor son fenómenos producidos por el cambio climático en un círculo vicioso muy preocupante.

La ‘España vaciada’ y el riesgo de incendios

El fenómeno de la despoblación rural en España implica que los territorios sean más vulnerables ante los incendios forestales. Cada terreno que se abandona, que no se cultiva, que no se reforesta, se convierte en terreno que puede ser arrasado en un incendio de alta intensidad. Y cada hectárea quemada es una ocasión perdida para frenar la pérdida de biodiversidad, proteger el suelo reducir la desertificación o mitigar la emergencia climática. Se necesitan pueblos vivos, donde se fomenten empleos verdes y de calidad, que ayuden a prevenir los incendios forestales y a proteger la naturaleza.

Necesitamos una estrategia de lucha contra incendios basada en la prevención con una planificación territorial adecuada que genere un territorio menos inflamable. La educación y sensibilización son clave, reconectando el campo y la ciudad de forma sostenible y reduciendo la brecha digital de las zonas rurales para combatir el problema de la ‘España vaciada’.

Por los derechos en el sector forestal y la responsabilidad de los poderes públicos.

El sector forestal cada año presenta un alto índice de siniestralidad laboral. La precariedad y temporalidad que soporta este colectivo pone en serio riesgo su seguridad y salud. Por todo esto desde UGT exigimos plantillas correctamente dimensionadas, mejores condiciones de trabajo y mayor inversión en prevención de riesgos laborales. Por ello, es esencial el desarrollo del Estatuto Básico de la Bombera y Bombero Forestal, que mejore las condiciones de trabajo de este colectivo y las iguale en las diferentes CCAA, así como la aprobación de una Ley Básica Estatal de los Agentes Forestales y Medioambientales que establezca un marco normativo homogéneo en defensa del patrimonio natural.

Y no solo eso, las Comunidades Autónomas deben asumir sus responsabilidades y diseñar e implementar planes reales y eficaces, activos los doce meses del año, contra los incendios forestales, exigiendo igualmente al legislador que cumpla con sus obligaciones y deje atrás la pereza. Y es que la Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, aunque ya en trámite parlamentario, está pendiente desde 1985.