En todas las negociaciones que hemos mantenidos acerca de pensiones, hemos sido firmes y claros: el Ejecutivo debe cumplir sus compromisos y derogar la reforma de pensiones de 2013, procediendo a la revalorización automática de las pensiones cada año conforme al IPC, volviendo al acuerdo de 2011. Por las mismas razones, exigimos la supresión del denominado Factor Sostenibilidad que convierte la esperanza de vida en un coeficiente reductor de la pensión que afecta más a las personas de renta más baja, condenando a los trabajadores y trabajadoras con menos salarios a tener una pensión menor.

Frente a las últimas tentaciones del Gobierno, nos hemos negado al castigo a las jubilaciones anticipadas. Ya vemos como muchos trabajadores y trabajadoras van a tener que jubilarse anticipadamente, no por voluntad propia, sino porque no les queda más remedio al carecer de empleo. Concretamente, el 81,2% de las personas con jubilación anticipada acuden a ella de forma forzada al proceder del paro, en unas condiciones endurecidas por la reforma del 2013.

Los largos periodos de cotización deben ser premiados, no castigados. En este sentido, reivindicamos el derecho de estos trabajadores y trabajadoras que acrediten 40 años o más de cotización a no ser penalizados si tienen que acceder a la jubilación anticipada.

Pero, igualmente, es necesario recuperar el equilibrio financiero de la Seguridad Social para garantizar las pensiones presentes y futuras y evitar justificaciones reductoras torticeras. La Seguridad Social tiene que ingresar lo que le pertenece como ingresos y dejar de pagar lo que no le corresponde, pues la cifra total de déficit equivale al total de los gastos impropios del sistema, unos 17.000 millones de euros, gastos de toda índole que en nada tienen que ver con el sistema de pensiones.

En definitiva, para reconstruir el país sin dejar a nadie atrás, no caben recortes en las pensiones, pilar primordial de nuestro sistema de bienestar y derecho social prioritario.