Este gobierno no deja de superarse. Sabíamos que iba a legislar a favor de los intereses de los empresarios, ricos y poderosos. Estaba claro, y muy ingenuo era el que no lo vio antes, que esta legislatura iba a suponer un profundo retroceso en servicios sociales, políticas educativas y en protección de los más débiles. Conocíamos, por mucho que quisieran disimular, que iban a aprovechar esta crisis para impulsar su modelo de sociedad, a saber: precariedad laboral como principio de competitividad económica, desprotección social en materia de derechos y retroceso en libertades y ciudadanía. Todos éramos conscientes de todo esto.
Ahora, como decía, se han superado. El presidente Rajoy y su ministro de Hacienda, el isabelino Cristóbal Montoro, que diría Germà Bel, han diseñado una reforma fiscal que además de injusta es inmoral. Sólo puedo calificarla así después de conocer que los trabajadores y trabajadoras que sean despedidos verán como la indemnización que cobren estará sujeta a retención de IRPF cuando supere los 2.000 euros por año. Simplemente repugnante.
Los trabajadores que pierdan en empleo serán objeto de una doble penalización. De una lado, la propia de perder el puesto de trabajo y, por tanto, su fuente de recursos, con el enorme riesgo que eso implica en un contexto económico en que la creación neta de ocupación aún está lejos, por mucho que el gobierno se esmere en hacer de trilero con las cifras de paro registrado. Y a partir de ahora –y con carácter retroactivo- reteniendo el porcentaje correspondiente de todas las indemnizaciones que se cobren en concepto de indemnización. Una salvajada propia de un gobierno insensible con el sufrimiento social, completamente impermeable al estado de necesidad que viven millones de personas en nuestro país y absolutamente indecente cuando hace cuadrar los números de la rebaja fiscal a las rentas más altas con cargo a las angustiadas economías de los que más están padeciendo esta crisis: los parados.
Sin contar las dificultades y la presión que esta medida añadirá a los ya de por sí complejos procesos de negociación de los expedientes de regulación de empleo. Todo un favor que el gobierno le hace a las ya maltrechas relaciones laborales en este país. Supongo que Rajoy y su banda no deben considerar esto un problema mientras las cuentas salgan aunque sea concentrando todos los sacrificios en los mismos, las clases medias y, sobre todo, las populares.
Los sindicatos y la UGT de Catalunya en particular no vamos a dar ninguna batalla por perdida. Ésta tampoco. Nos opondremos con uñas y dientes a una medida que carece de justificación económica porque ni siquiera abarata los ya mínimos costes laborales y adolece de cualquier condición ética porque significa un abuso brutal sobre los que tienen la desgracia de haber perdido su puesto de trabajo.
