Desde hace unos cuantos años el 7 de octubre es una convocatoria mundial de las organizaciones sindicales a la movilización para exigir por todos los rincones del planeta trabajo decente.
Hay sitios en los que esta reivindicación es una reclamación de derechos humanos esenciales, a la vida, a la no explotación, a la libertad, contra la extorsión y la trata, al trabajo en condiciones de salubridad y seguridad básicas.
La Confederación Sindical Internacional (CSI), promotora de esta convocatoria, consideró que hacer un llamamiento al trabajo decente era la mejor forma de luchar contra la pobreza global porque la falta de trabajo es sinónimo de pobreza.
Y ante ese desolador panorama, se podría pensar que en España no nos manifestamos por los trabajadores españoles, sino para reclamar derechos para trabajadores de otros países. Nada más lejos de la realidad. Un país en el que uno de cada cinco españoles está en el desempleo, en que la mitad de los jóvenes está parada, en el que los mayores de 55 años que pierden su empleo se ven expulsados de por vida del mercado de trabajo, es el caldo perfecto para la precariedad laboral y los abusos.
En España, llevamos años viendo cómo se degradan las condiciones de trabajo en España. La destrucción de empleo ha provocado una enorme presión para no perder o acceder a un empleo. Los trabajadores hemos tenido que consentir muchos recortes salariales o de condiciones de trabajo para no perder el puesto de trabajo o acceder a uno. Con unas leyes que favorecen esta degradación: la reforma laboral ha impulsado la devaluación salarial y de las condiciones de trabajo, la prevalencia de los convenios de empresa ha favorecido a las empresas multiservicios, y el trabajador que ganaba 1200 euros contratado directamente ahora cobra 700 contratado por una empresa multiservicio, contratado a media jornada y trabajando la jornada completa como si fueran horas extras no retribuidas o, en el mejor de los casos, pagadas como si fueran ordinarias.
La inmensa mayoría de los trabajadores contratados a tiempo parcial lo están contra su voluntad. Solo el 5% de los contratos que se realizan son indefinidos a tiempo completo y nueve de cada diez contratos realizados cada mes son temporales, la inmensa mayoría son de obra y servicio y por circunstancias de la producción y uno de cada tres contratos dura menos de una semana. La tasa de temporalidad ya es del 25,7%, la segunda más alta de la Unión Europea, sólo superada por la de Polonia. Contratos, además con salarios de miseria, para empleos inseguros y precarios y con una protección social recortada a la mitad.
Hay millones de personas en España que siguen sin tener trabajo. Hay millones de personas en nuestro país que siguen teniendo enormes dificultades para afrontar los gastos esenciales de una vida con un mínimo de dignidad. Y tener empleo no es garantía de conseguirlo.
La devaluación salarial es abrumadora. El 35% de los trabajadores en España, 5,5 millones de ocupados, cobran un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional (SMI). Más de 3,6 millones de trabajadores cobran salarios menores que la mitad del SMI, y 2,1 millones tienen sueldos cercanos al salario mínimo.
Hoy tener trabajo no es garantía de tener una vida decente. Hoy hay muchísimos trabajadores pobres.
Encima, esta anomalía política en la que vivimos desde hace un año está provocando que el conjunto de la sociedad deje de prestar atención a los problemas esenciales.
Los sistemas de protección por desempleo ya no sirven para nada a la mitad de los trabajadores en paro, porque no les dan cobertura.
En esta economía que en pleno caos político crece al 3 por ciento, el empleo que se crea es precario, parcial, temporal, estacional, irregular… Tener un contrato de tres días al mes no es salir del paro.
Que te hagan un contrato a tiempo parcial para trabajar doce horas no es trabajo decente, ni siquiera es legal. No es legal, ni decente, que en las campañas de la vendimia o la aceituna haya trabajadores a los que se está explotando porque los empresarios se están saltando a la torera la aplicación de los convenios.
No es decente, ni legal, que haya cuadrillas de trabajadores agrarios encerrados en las explotaciones durante las campañas agrícolas. No es decente, ni legal, las condiciones de trabajo que han denunciado hace pocos días los trabajadores de los sectores turísticos. No son decente, ni legales, los millones de horas extras no pagadas a los trabajadores en nuestro país. No es decente
No es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales. No es decente el trabajo por el que no se percibe un salario digno. No es decente el trabajo que no te permite una perspectiva de vida digna. No es decente el trabajo que pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. No es decente el trabajo que discrimina por razón de género o por otra causa. No es decente el trabajo que no nos permite aportar solidariamente a las pensiones.
Cuando desde una posición de preeminencia, como es la del empresario respecto al trabajador, se le pide más de lo que se le paga eso abuso, y apropiarse de lo que pertenece legalmente a otro.
En el Derecho del Trabajo existía –y todavía parece que quedan restos- el llamado principio tuitivo, de protección del trabajador frente a los empleadores para garantizar sus derechos y evitar que las personas fueran reducidas por las leyes del mercado a puras mercancías.
Las leyes, los sistemas jurídicos, son importantes para ordenar la vida de las sociedades, y para hacerlo con justicia. Pero además de leyes hay que tener mecanismos para hacerlas cumplir.
Por eso denunciamos el declive que sufre el mundo del trabajo, el incremento de la pobreza y de las desigualdades, pero también las legislaciones que favorecen los recortes de derechos laborales y sociales, y la permisividad del Gobierno ante los abusos empresariales
Algunas de las reivindicaciones que UGT y CCOO planteamos para este 7 de octubre se centran en eso, es normas que ordenen conductas del mercado y protejan a las personas.
Por ejemplo, que cuando una empresa subcontrata una actividad o servicio, mediante cualquier fórmula, sea responsable subsidiaria de los salarios y la protección social de los trabajadores subcontratados que, finalmente, le harán el trabajo.
Por ejemplo, que las empresas que utilizan para su producción cadenas de suministros estén obligadas a garantizar que sus proveedores, en su territorio nacional o en cualquier otro país, respeten el trabajo decente, respeten los convenios colectivos, y respeten los derechos fundamentales y sindicales de los trabajadores.
Por supuesto, volvemos a exigir una vez más que se deroguen las reformas laborales de 2010 y 2012, que reforzaron las posiciones de preeminencia y discrecionalidad de los empresarios en las relaciones laborales, y eliminaron condiciones de trabajo decentes que teníamos y que queremos recuperar.
Queremos que las leyes nos protejan, pero si no hay voluntad y mecanismos para hacerlas cumplir las leyes son papel mojado. Necesitamos que el Estado sea proactivo y diligente en la vigilancia de la legalidad laboral; que disponga más recursos humanos, económicos, e institucionales en este objetivo. ¿No merece el cumplimiento de la normativa laboral el mismo rigor en su cumplimiento que cualquier otra? Que lo demuestren. Que demuestren que son decentes.
