La sostenibilidad del sistema público de pensiones, y el mantenimiento de las pensiones en unos niveles de capacidad adquisitiva dignos, son dos grandes preocupaciones para el Sindicato. En las últimas horas, junto con la mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición, hemos dado un paso importante para afrontar esas dos cuestiones y tratar de aportar alguna tranquilidad a los más de nueve millones de pensionistas que hay en nuestro país.
UGT y CCOO, junto con los representares de los grupos parlamentarios de PSOE, ERC, Grupo Mixto (PDC), Grupo Vasco (EAJ-PNV), y Podemos y los grupos que lo apoyan (IU, En Común, Mareas, Compromís) hemos presentado una proposición de ley con dos únicos artículos. El primero dice que a partir del próximo 1 de enero de 2017, la cuantía de todas las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social, todas, incluidas las del Régimen de Clases Pasivas, se incrementarán un 1,2%.
Ese 1,2% es lo que está previsto que suba la inflación. Creemos que es de sentido común que los recursos, mayoritariamente modestos, que reciben los pensionistas cada año se actualicen al menos al menos en la medida en que sube el coste de la vida.
La reforma de las pensiones que hizo el PP en el año 2013 acabó con este principio de puro sentido común, y lo sustituyó por un sistema de revalorización que provoca la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, su empobrecimiento progresivo. Hasta ahora las consecuencias de esa cicatería ha quedado disimuladas por un contexto excepcional en el que la inflación ha estado en tasas negativas. Pero para 2017 sí se espera una subida superior a ese 0,25% con que el Gobierno pretende revalorizar las pensiones. Si el Gobierno consiguiera finalmente fijar el incremento de las pensiones en su pretendido 0,25% y la inflación el próximo año fuera el 1,2% previsto, los pensionistas perderían casi un punto de poder adquisitivo.
El segundo artículo de esa proposición de ley es el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones durante 2017, y establece un mecanismo de garantía: si en diciembre de 2017 el IPC es superior al 1,2% previsto, las pensiones subirán a partir del mes siguiente tanto como sea la diferencia entre ese IPC previsto y el que resulte finalmente real.
Hay dos cuestiones finales que hemos considerado necesario incluir en nuestra propuesta, y que se plantean en dos disposiciones adicionales. La primera dice que el coste de esta revalorización se cubra con cargo directo a los Presupuesto Generales del Estado para 2017, para lo cual la ley de presupuestos debe incluir una previsión de gasto en ese sentido. Y la segunda medida obliga al Gobierno a convocar de forma inmediata a la Comisión del Pacto de Toledo y la mesa de Diálogo Social, para abordar entre todos, dejando atrás de una vez los unilateralismos, las imposiciones, y las exclusiones, el futuro del Sistema de Seguridad Social. Para garantizarlo, para mejorarlo, para equilibrar sus gastos e ingresos, para buscar fuentes adicionales de financiación; todo lo contrario de lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora.
Tengo que decir que agradezco sinceramente la predisposición de los grupos parlamentarios del Congreso a colaborar con UGT y CCOO para abordar soluciones en un tema que todos consideramos vital, como es que esos nueve millones de ciudadanos que dependen del sistema de pensiones para vivir, tengan un mínimo de seguridad en que esos ingresos seguirán manteniéndose en niveles de dignidad.
La proposición de ley que hemos presentado, y que esperamos que con esa mayoría parlamentaria que la respalda pueda salir adelante, garantizaríamos la revalorización de las pensiones y estableceríamos un mecanismo de adaptación a la evolución del IPC.
Pero, además, estamos demostrando que, al contrario de lo que dice el Gobierno para justificar su absoluta inoperancia durante estos meses de bloqueo político, se puede legislar para revalorizar las pensiones y no sólo con un decreto ley, sino con una proposición de ley que es mucho más garantista. Si se quiere, se puede. Se puede actuar y tomar decisiones para resolver los problemas de la gente, como hemos venido pidiendo reiteradamente; y se puede lograr consensos y apoyos parlamentarios en torno a cuestiones vitales, como los recursosde esos nueve millones de personas a los que parece que algunos sólo consideran en términos de censo electoral.
