La verdad es que uno se queda a cuadros cuando lee en la prensa que la canciller alemana, Angela Merkel, está impulsando medidas que distan mucho de las recetas que recomienda, o sea, exige a otras economías, principalmente las del sur de Europa. Primero fue la aprobación, por primera vez en la historia de Alemania, de un salario mínimo interprofesional. Y ahora, la reducción de la edad de jubilación anticipada a los 63 años. Dice que es un premio para aquellos que llevan en el mercado laboral desde los 18 y que por esa razón se lo tienen merecido, aunque la medida les costará a las arcas alemanas entre 9.000 y 11.000 millones de euros adicionales.
No seré yo el que me ponga a criticar tales decisiones, como sí lo ha hecho el antiguo canciller alemán del SPD, Gerard Schröeder, que las ha cuestionado por ser poco ejemplarizantes para el resto de la Unión Europea y, además, contradictorias con las políticas que la propia Merkel ha impuesto a sus socios comunitarios, como Grecia, Portugal y España, a través del Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Supongo que a Schröeder le duele que fue él quien tuvo que ampliar la edad de jubilación a los 67.
En todo caso, estas decisiones que adopta Alemania porque puede ponen en evidencia varias cosas. Primero, que el partido socialista alemán, el histórico SPD, ha entrado con fuerza en el gobierno y ha sabido imbuir de su propia agenda social la orientación política de la canciller. En segundo término, que la economía alemana, por su competitividad, su fuerza productiva y su capacidad de controlar la estabilidad monetaria del euro -antes llamado marco-, sigue manteniendo un potente liderazgo. Y, por último, y no por ello menos importante, que ha sabido proteger a su sistema financiero del estallido de las burbujas financieras como la inmobiliaria en España o las correspondientes crisis de deuda pública en Grecia o Portugal.
El mejor ejemplo de lo que digo es la reforma de la Constitución Española que en 15 días del mes de agosto de 2011, y como el que no quiere la cosa, puso de acuerdo al PSOE y al PP para limitar el nivel de endeudamiento de España. Una decisión impuesta por Alemania para asegurar que el sistema financiero patrio y, subsidiariamente, el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de este país a través de los correspondientes planes públicos de rescate de la banca, devolviéramos a los bancos alemanes principalmente todo el crédito que en los tiempos de bonanza habían servido para atender a la enorme demanda de préstamos hipotecarios derivados de la construcción y compraventa de inmuebles.
Resumiendo. Angela Merkel impuso una especie de ‘corralito’ financiero por el que se aseguraba la protección de su sistema financiero, aunque la consecuencia fuera el desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar, la imposibilidad de disponer de recursos públicos para estimular la reactivación económica y el impulso de reformas como la laboral, orientada únicamente a aumentar nuestra competitividad por la vía de la reducción drástica de los salarios y la precarización total de la contratación.
A todo eso nos ha conducido la canciller alemana. Eso sí, con el aplauso del empresariado español más rancio y tronado, así como el de la derecha política másultra. Angela Merkel, la “progre”, la misma que ahora le muestra a sus conciudadanos su cara más amable y progresista es la que nos sigue recetando aceite de ricino en forma de austeridad.
