El reciente acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos para que el salario mínimo en 2022 se sitúe en la simbólica cifra de 1.000 euros al mes es una buena noticia para el conjunto de la sociedad.
Es un aumento del 3,6% respecto del de 2021, que era de 965 euros. La inmensa mayoría de la población no habría entendido un incremento menor en este año, cuando la economía y el empleo crecen mucho y las empresas vuelven a obtener beneficios récord, pero España, sin embargo, se mantiene en los puestos de cabeza de Europa en cuanto a desigualdad económica y riesgo de pobreza para las personas trabajadoras. Cumple así el Gobierno, además, con un nuevo hito en el camino que había marcado la Comisión Asesora para el Análisis del SMI para alcanzar en 2023 una cuantía equivalente al 60 por ciento del salario medio, que estaría en torno a 1.060 euros.
Este tipo de actuaciones es el que da credibilidad a la máxima de que “nadie quede atrás” en la salida de esta terrible crisis pandémica. La subida del salario mínimo beneficiará directamente a centenares de miles de trabajadores y trabajadoras de este país. Son, además, quienes poseen peores condiciones laborales, las más precarias, sobre todo mujeres y jóvenes.
Soy muy consciente de que aún es una cuantía escasa, que no alcanza para vivir. Pero hay que ponderar bien lo logrado, porque no ha sido nada fácil. La presión por parte de la derecha política y económica para no subir el salario mínimo ha sido y sigue siendo enorme. Sabían que, si se demostraba con hechos que la subida del SMI no tenía los efectos apocalípticos que habían pronosticado durante décadas, el impacto sería fatal para sus reaccionarias tesis, siempre enarbolando la bandera del miedo a la destrucción de empleo. Pues bien, ya sabemos que no es así.
En los últimos seis años el SMI ha aumentado en 345 euros, un 52%. En el mismo período, el empleo ha crecido en dos millones y medio de personas, un 15%; y el empleo de los jóvenes en 318 mil personas, un 39%. Todo ello con la pandemia por medio, que destruyó en su inicio, en apenas dos meses, 800.000 empleos. Los agoreros no tenían razón. Subir el salario mínimo favorece el crecimiento y la creación de empleo, ayuda a reducir las desigualdades de todo tipo y ataca la pobreza.
Los 1.000 euros de salario mínimo suponen un paso más, que se suma a la aprobación hace días de la primera reforma laboral que recupera derechos para las personas trabajadoras, hacia una sociedad más avanzada, en la que el trabajo decente y los salarios justos sean la norma. En esa lucha siempre estará la UGT.
