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La nueva regulación debe garantizar una energía asequible para todos

El Gobierno debe reducir de manera urgente el precio de la energía eléctrica a las familias y la industria. 

El pasado 1 de junio entró en vigor una nueva forma de cálculo de la factura eléctrica que va a tener una grave incidencia en los consumidores vulnerables, ya que estas personas tienen más dificultades para estar informados y aprovecharse de los cambios vigentes (que introducen hasta 240 precios distintos para la luz) poseen viviendas menos eficientes y no pueden acceder a aparatos eléctricos con menor consumo, al ser estos mucho más caros.  El resultado será que ciudadanos que tienen dificultades para pagar la factura de la luz acabarán consumiendo en los horarios con tarifas más caras. Concretamente, el nuevo modelo establece 3 tipos de tarifa, la más onerosa se asienta en las horas centrales del día (de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas). Poner el horno, el aire acondicionado o la vitrocerámica a esas horas se convierte ahora en un “lujo”.  

 

Este nuevo sistema tiene, como siempre,  un único beneficiario: las compañías eléctricas.  El 75% de la factura será variable, dependerá de las horas en las que cada persona consuma, por lo que se aumentará de manera generalizada la facturación. Esto repercutirá en un  aumento el coste del teletrabajo y de la educación a distancia, ya que se incrementará el consumo en las horas más caras. Además, desde el punto de vista de sostenibilidad no se entiende que se encarezcan las horas que de aquellos espacios temporales donde rinden más las fuentes renovables, sol y eólica, primando el precio de las fases de producción de mayor consumo de energía contaminante.

 

Es cierto, no obstante, que en materia de energía han aparecido aspectos positivos.  La reducción, pues aún se mantiene, en aproximadamente un tercio, de la sobrerretribución de las centrales eléctricas y nucleares anteriores al 2005 por los denominados dividendos CO2 o con total oportunidad, beneficios caídos del cielo, con el fin de abaratar un 5% la factura eléctrica del consumidor, es una buena noticia y una decisión de coraje dada la fuerza de los lobbys eléctricos.  Solo insto al Gobierno a tramitarlo por vía de urgencia. Se trata de aliviar cuanto antes el coste que supone la electricidad para las economías domésticas y para la industria.

 

Sigue siendo necesaria una regulación conveniente del sistema de fijación de precios para poner coto a la insostenible subida de la luz y de otros bienes esenciales que afecta especialmente a los más vulnerables.  

 

Hay que negociar muchos aspectos aún para mejorar e impulsar nuestro sistema productivo y es esencial un gran Pacto de Estado para cambiar nuestro modelo productivo sobre aspectos como : la industria, la energía y la I+d+i (Investigación, Desarrollo e Innovación). Consensos que no deben olvidar el objetivo 7 de desarrollo sostenible de la ONU, garantizando  el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, por ejemplo, dando carácter permanente las medidas temporales, adoptadas durante la pandemia, para prohibir los cortes de suministros de luz, agua y gas en el ámbito doméstico a consumidores vulnerables.

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