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CONSTRUIR UN ESTADO DE BIENESTAR SÓLIDO: el G7 abre las puertas a una política fiscal común

Solo unos servicios públicos de calidad y financiados adecuadamente garantizan los derechos de todos y todas. 

Uno de los objetivos fundamentales que nos marcamos en nuestro Programa de Acción del reciente 43º Congreso Confederal de UGT, es la construcción de un Estado de Bienestar sólido y avanzado para nuestro país.  Para ello, es necesario avanzar en dos facetas: la de los gastos y la de los ingresos.

 

Empezando por esta última, es imprescindible una reforma de la política fiscal que aumente la recaudación del Estado desde la progresividad que nuestra propia Constitución ampara: “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad” (art.31.1 CE). Como se ha reseñado machaconamente, nuestra presión fiscal está muy por debajo de los países de nuestro entorno. Son necesarios avances que graven a las personas con más recursos y las grandes empresas, diseñando además una estrategia comunitaria para evitar el escape de las multinacionales junto con una planificación e impulso de la lucha contra el fraude. Efectivamente, la financiación es clave para el desarrollo y sostenimiento del Estado del Bienestar.

 

Del otro lado, la potenciación de los servicios públicos es uno de los aspectos en lo que más hacemos hincapié. Sin servicios públicos fuertes, el Estado del Bienestar y el Estado Social Democrático y de Derecho que propugna nuestra Constitución, se derrumba. Por ello, es esencial impulsar cuestiones como empleo público de calidad no precario, hacer realidad el derecho a una vivienda digna para todas las personas, un pacto por la Sanidad que garantice la sostenibilidad del sistema y garantizar unos servicios sociales cuidados como un pilar de bienestar, junto con un modelo energético social que frene la pobreza energética.

 

Ayer mismo, el G7 respaldó de forma contundente esta posición, dando el espaldarazo al inicio de un camino global:  comprometiéndose los firmante a un mínimo de un 15% de tipo de gravamen en cada país del Impuesto para empresas o sociedades, y a alcanzar una solución equitativa que permita la adecuada ubicación de la presión impositiva sobre al menos el 20% de las ganancias que superen un margen del 10% (para las empresas multinacionales más grandes y rentables), e impulsando la coordinación normativa fiscal internacional.  Eso sí, a cambio de la eliminación de la tasa sobre las empresas digitales que tanto molestaba al Gobierno norteamericano, abriendo a la reunión del G20 en julio la materialización de más acuerdos.

 

Desde UGT, creemos firmemente que todas las personas tienen derecho a una protección suficiente. Por ello, queremos derogar la reforma de pensiones del año 2013, asegurando por ley unas pensiones dignas dentro del sistema público (aseguradas por el Estado), equilibrando financieramente la Seguridad Social, dejando en la cuneta el factor de sostenibilidad, y evitando la penalización de las jubilaciones anticipadas ni las largas carreras de cotización.

 

Por ello, reclamamos una Ley Integral de las Personas Mayores para consolidar sus derechos, erradicar íntegramente la pobreza, proteger y atender las situaciones de dependencia de forma igualitaria y garantizar la protección integral a las familias y a la infancia. Y, también, exigimos una educación de calidad universal, ya queésta es garantía de equidad social. Sin educación ni formación no hay ascensor social.

 

Todo ello exige la adecuada consideración de los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias que velan por nosotros desde su puesto en un servicio público. Dejar en el olvido la precariedad laboral, avanzar en el rejuvenecimiento de sus plantillas y conseguir unas condiciones dignas para ellos, son pasos fundamentales para cimentar el Estado que todos queremos.

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