No suelo hacer unos artículos o post muy largos para mi blog. No me gusta ni me parece que sea el medio adecuado para hacer hacer reflexiones muy extensas. Y tampoco me gusta justificarme. Pero en esta ocasión necesito explicar por qué me voy a extender más de lo que acostumbro. La razón es sencilla: la gravedad del hecho de que el Gobierno en funciones del PP está adoptando medidas frente a la Comisión Europea al margen de los ciudadanos, adquiriendo compromisos unilateralmente, para hacer frente a las consecuencias (multa a España, imposición de nuevos recortes,…) que él mismo ha provocado por incumplir los objetivos de déficit público mientras, entre otras medidas, realizaba rebajas fiscales justo antes de las elecciones de diciembre pasado, por ejemplo.
Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España conocidos el pasado 31 de marzo, en 2015 las Administraciones públicas presentaron un déficit del 5,2% del PIB, un punto más de lo previsto (4,2%), es decir, la diferencia entre ingresos y gastos fue de 56.608 millones de euros. Esto supone una diferencia de 10.600 millones de euros más sobre el objetivo pactado con Bruselas, que venía reiterando al Gobierno de España la advertencia sobre los incumplimientos de los objetivos presupuestarios en nuestro país.
La valoración de UGT en su momento ya advirtió de que a pesar de que el déficit público se había reducido, se habían incumplido los objetivos todos los años, a pesar de un coste social muy elevado. Esto no es más que el resultado de la estrategia seguida para intentar dar cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en España, que ha supuesto un tremendo sobreesfuerzo económico y social, plagado de recortes de gasto público esencial. Además, algunos gastos con alto peso en el presupuesto no solo no se han recortado, sino que han aumentado (como el volumen de intereses procedentes de la deuda pública). Por otro lado, la caída de la actividad económica, unida a la inconsistencia de las reformas tributarias llevadas a cabo (que han consolidado un sistema fiscal lleno de agujeros por los que escapa la recaudación y de resultados muy injustos), han generado una insuficiente recaudación vía impuestos y cotizaciones sociales.
Este nuevo incumplimiento hace más difícil si cabe que España cumpla con el objetivo de déficit de 2016, fijado en el 2,8%, lo que supondría un ajuste de más de 20.000 millones de euros este año si la Comisión Europea no modifica el objetivo, lo que es casi improbable. Ya en marzo UGT demandó al futuro Gobierno de España que exigiera a Bruselas una nueva senda de consolidación fiscal más ajustada a la realidad de la economía española y más justa con sus ciudadanos y trabajadores.
Semanas más tarde, el Gobierno empeora en el Programa de Estabilidad que envía a Bruselas sus propias previsiones de déficit en 2016: desde el -2,8% al -3,6%, ocho décimas más. Además, duplica la previsión para 2017, del -1,4% al -2,9% ese año. De este modo, España volvería a incumplir en 2016 el pacto con la Comisión Europea, porque según De Guindos, cumplir con el objetivo del -2,8% supondría un ajuste presupuestario muy intenso. Y claro, esto no parece muy conveniente a las puertas de unas elecciones. La excusa del ministro es que este recorte de dos puntos de PIB tendría un impacto muy negativo en nuestro crecimiento.
Desde Bruselas se alerta de que España es uno de los países con mayores desequilibrios presupuestario, Según cálculos de la Comisión, la diferencia entre ingresos y gastos es España fu de 55.000 millones de euros, un 51% con ayudas financiaras, y la deuda pública supero el billón de euros, un 99,2% del PIB. Parte de este elevado déficit se debe, según la CE, a la baja presión fiscal en España, que cayó en el último año al 38,2%, ocho puntos menos que la media de la Eurozona, que es del 46,6%, debido a la escasa capacidad recaudatoria de los impuestos indirectos y del fraude fiscal.
En junio, Rajoy aún pregonaba, en plena campaña electoral, una nueva futura bajada de impuestos a lo largo de la próxima legislatura; en julio, sin ningún rubor, da un paso al frente en dirección opuesta, paso que sabía desde marzo que tendría que dar.
Llegado el mes de julio, las instituciones europeas amenazan al Gobierno de España (aún en funciones) con una multa de hasta 2.000 millones de euros, además de una reprimenda pública vergonzante. Bruselas cree que España volverá a incumplir el déficit porque no ha tomado las medidas adecuadas para cumplir las recomendaciones del Consejo Europea ni para cumplir con el Pacto de Estabilidad. Esta recomendaciones se resumen en que España debe, durante 2016 y 2017, adoptar medidas para “garantizar una corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017, reduciendo el déficit de las finanzas públicas al 3,7 % del PIB en 2016 y al 2,5 % del PIB en 2107 tomando las medidas estructurales necesarias y aprovechando todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit y la deuda”. Y como Bruselas no cree que España sea capaz de lograrlo y cree que el incumplimiento merece un castigo, amenaza con una sanción.
Bruselas le echa en cara al Gobierno español que, sabiendo de antemano que no iba a cumplir con los objetivos de déficit, en año electoral ha relajado su política presupuestaria y no ha realizado más ajustes (esto es la clave de lo que nos espera en el futuro más próximo), pese a tener el déficit más alto de Europa, solo por detrás del de Grecia, y del crecimiento exponencial de la deuda en nuestro país, que previsiblemente cerrará 2016 con un 100,3% del PIB.
Esa sanción corresponde al incumplimiento del déficit del año 2015; si como vaticina Bruselas esto ocurre en 2016 y 2017 de nuevo, los próximos presupuestos deben incluir más recortes, y esto Rajoy lo sabe. Tanto es así que se lo prometió a Juncker por carta antes de las elecciones, allá por el mes de mayo. En esa carta, Rajoy se comprometió a ampliar un año más el acuerdo de no disponibilidad de gasto en las Administraciones Públicas, lo que supone que unos 4.000 millones de euros quedarán embargados en los futuros Presupuestos Generales del Estado. Recibida la carta con las promesas de Rajoy, Bruselas riñe a España por no hacer nada para cumplir con los objetivos de déficit, le exige medidas adicionales y pone bajo vigilancia la política económica española. En resumen: la recomendación es letal: España no aprovechó su crecimiento, ni la evolución del precio del petróleo ni las medidas del BCE que acompañaban en positivo ese crecimiento para enmendar sus cuentas.
En este escenario, y a pesar de los esfuerzos y las excusas del ministro De Guindos, el Eurogrupo ha decidido seguir adelante con el procedimiento sancionador contra España por incumplir el déficit (para ver si nos espabilamos, como viene a decir el ministro alemán de finanzas), incumplimiento que tuvo lugar por no adoptar medidas adecuadas. Sea cual sea la multa a la que hará frente España, está vinculada a nuevos objetivos de déficit, es decir, cuanto menos flexible sea la senda fiscal de España, menor será la sanción. Los líderes europeos han mandatado en nuevo Gobierno a hacer ajustes, porque cuanto más ajustes haga España, más fácil será reducir la multa.
Así las cosas, el Gobierno contraataca con un plan para evitar estas sanciones y rebajar el déficit al 3% el año que viene, centrado en el Impuesto de Sociedades, con el que prevé ingresar 6.000 millones de euros más con una subida de las retenciones a cuenta del este impuesto, de manera que las empresas adelantarán el dinero que tiene que pagar por este impuesto y así se cuadrarán la cuentas del Estado, dado el desplome que padece las recaudación de este impuesto. Supuestamente esta medida no es un aumento del impuesto como tal, salvo si se prolonga en el futuro, porque a pesar de no aumentar las tarifas supone un aumento de la carga fiscal a las empresas porque les obliga a anticipar sus ingresos. Lo que sí está claro que esta medida provocará tensiones de tesorería en las empresas, que tendrán que adelantar recursos previstos para otras cuestiones o pedir préstamos para atender estas nuevas obligaciones fiscales. Resultado: más problemas para las empresas y más riesgos para los empleos y para los salarios.
Esta apuesta por el Impuesto de Sociedades supone deshacer la reforma fiscal del PP del año pasado, cuyo impacto en la recaudación ha sido hasta ahora de 2.385 millones de euros menos. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que es la figura impositiva que más ha reducido su recaudación en los últimos años; en 2015 recaudó un 11,3% del total de ingresos tributarios. Además, la previsión de ingresos que maneja el Gobierno se sustenta en la evolución de la economía española de los últimos meses, que previsiblemente se ralentizara en función de las amenazas a la evolución económica de nuestro entorno, como las derivadas del Brexit entre otras.
En resumen, el Gobierno fía la reducción del déficit a la supuesta futura recaudación del Impuesto de Sociedades y a la futura evolución del entorno macroeconómico, que afectará a los intereses de la deuda, así como a la previsible recaudación derivada de la lucha contra el fraude. Con la suma de la recaudación de estos tres elementos (6.000 del Impuesto de Sociedades, 1.500 de los intereses de la deuda y 1.000 de la lucha contra el fraude), España conseguirá los 6.000 millones de euros adicionales con los que hacer frente al nuevo incumplimiento del déficit pro parte de nuestro país. Ayer supimos que además el Gobierno ha prometido a Bruselas una nueva estrategia de gestión presupuestaria: se adelantará el cierre presupuestario de los ministerios a julio para ayudar a controlar el gasto, paralizando la actividad de la Administración a mitad de año.
Y frente a esta frivolidad del Gobierno en funciones del PP, UGT demanda una reforma fiscal integral más justa y con mayor poder recaudatorio. Porque creemos y defendemos el Estado del bienestar, un sistema de protección social, que no deje en la cuneta a nadie, y porque creemos y defendemos unos servicios públicos, esenciales y garantes de igualdad. Porque no creemos que recortar gasto social sea la solución, sino que es preciso incrementar la recaudación. Pero no incrementando impuestos a los mismos de siempre, sino a aquellos que ganando más, tributan, en proporción, bastante menos; persiguiendo la elusión fiscal y el fraude. Creemos que hay dinero pero también hay tramposos que no cumplen con su obligación de pagar lo que les corresponde. Sólo persiguiendo el fraude fiscal podrían recaudarse más de 80.000 millones de euros, un dinero que permitiría desarrollar políticas sociales y de empleo.
Para el sindicato no se trata de parchear para intentar resarcir un compromiso incumplido con la Unión Europea -el objetivo de déficit de 2015- sino de diseñar una política fiscal desde el consenso social y político que permita a España crecer de forma estable y sostenida en el tiempo, que permita contribuir al cambio de modelo productivo que defiende la Unión General de Trabajadores y que necesita el país.
Los ingresos públicos por impuestos y cotizaciones sociales en España son muy bajos con relación a los que obtienen los países más avanzados de Europa. Nuestro país recaudó en 2014 (últimos datos disponibles) un 34,4% del PIB, 7,1 puntos menos que la media de la zona euro (41,5%). Y 13,5 puntos menos que Francia, 9,3 menos que Italia y 5,1 menos que Alemania, por citar los tres países más potentes de la zona. Esto implica que no tenemos recursos suficientes para sostener el gasto público, que también es bajo en términos relativos. Necesitamos ingresar más para gastar más en el fortalecimiento de los servicios públicos, en sanidad, en educación, en I+D+i, en infraestructuras básicas, en políticas de empleo, etc.
Y también necesitamos que se recaude con más justicia, que los ricos paguen más y los menos favorecidos menos. Porque las rentas empresariales, del capital y de la riqueza pagan muy poco con relación a lo que aportan los asalariados, lo que supone un desequilibrio insostenible e inadmisible.
El adelantamiento en la reducción del IRPF de enero de 2016 a julio de 2015 por motivos meramente electoralistas es uno de los factores que han provocado el desvío del déficit que ahora Europa pretende que se enjugue con más recortes. No es posible bajar los impuestos, como irresponsablemente prometen algunas fuerzas políticas. Al contrario, es preciso explicar a la ciudadanía que solo recaudando más y de manera más justa podremos situar a España en el camino de desarrollo social y económico que le corresponde. Es necesario aumentar la capacidad recaudatoria del sistema, recuperando suficiencia y justicia en los impuestos y con un compromiso cierto de lucha contra el fraude fiscal. Y para ello UGT propone:
- Realizar una reforma fiscal integral, que actúe sobre todas las figuras tributarias, con el objetivo de tener más en cuenta el nivel de renta de los contribuyentes, de modo que resulte globalmente un aumento de los ingresos públicos y de la tributación de los que más ingresan y más riqueza tienen, y una reducción de la de aquellos con menor capacidad de pago. España tiene que acercarse a la media de los ingresos sobre PIB de la UE y hacerlo de forma justa para tener un sistema fiscal suficiente, equitativo y eficiente.
- Acometer un plan de choque de lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, que contenga un incremento de los medios humanos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, aumente los plazos de prescripción para los delitos fiscales y los recaudatorios de la Seguridad Social, y reduzca el límite para que el fraude sea considerado un delito.
- Impulsar a nivel nacional, europeo e internacional la lucha contra los paraísos fiscales y contra las prácticas de elusión de impuestos de las grandes empresas.
Para tratar estas y otra cuestiones, UGT insta al conjunto de las fuerzas políticas a abrir un debate inmediato sobre fiscalidad en el que participen los agentes sociales. y lamenta que el ejecutivo adopte medidas de este calado a espaldas del futuro Parlamento, adquiriendo compromisos unilateralmente y sin contar con los interlocutores sociales, porque el diálogo social debe ser clave en estas decisiones, porque es urgente garantizar la suficiencia de recursos para atender las necesidades sociales y los gastos públicos y un reparto justo de la carga tributaria en un país caracterizado por un gran desequilibrio entre las rentas, que se ha visto agravada durante los años de crisis, y que tiene sumidos a los trabajadores y a la ciudadanía en general a una precariedad laboral y social insostenible, ciudadanos que terminarán de derrumbarse ante nuevos recortes derivados de la incompetencia del gobierno español y de las instituciones europeas.
Siento haberme extendido tanto, pero creo que la ocasión merecía la pena.
