Hay que acabar con la captación de rentas monopolísticas de las grandes distribuidoras energéticas y acomer reformas en la estructura del mercado que nos permita fijar un precio justo para todos los hogares, sobre todo para los más vulnerables.
Como ya conocemos, los precios de la energía están por las nubes y, en especial, los de la electricidad, que no paran de alcanzar records históricos día tras día. Sin embargo, dentro de este torbellino inflacionista, hay otro componente energético que está pasando más desapercibido, hasta que toca ir a repostar el depósito del vehículo para ir a trabajar.
Hablamos del precio de los combustibles y lubricantes para vehículos propios, que registró en octubre de 2021 un incremento anual del 28,6% en el IPC. Un dato muy preocupante si tenemos en cuenta el elevado peso que supone la gasolina y el gasoil en el presupuesto de los hogares españoles que dedican unos 52 euros de cada mil al pago estos productos, lo que supone 15 euros más que la media europea.
Dada la importancia de estos productos en el consumo de los hogares, un incremento de su precio tiene una repercusión directa sobre sus gastos finales; aún mayor en el caso de aquellos hogares con menores ingresos que deben hacer uso de los combustibles en su día a día. Para muchas familias, dedicar una porción mayor de sus ingresos al pago de la gasolina implica reducir sus recursos disponibles para la compra de otros productos de primera necesidad, como los alimentos o los productos farmacéuticos.
Dado que la cotización del Brent es la misma para los países europeos, el hecho de que el precio antes de impuestos sea más alto en España indica que los agentes del sector operan con unos márgenes de distribución más altos que en Europa.
Por eso, hay que acabar cuanto antes con la captación de rentas monopolísticas por parte de las grandes distribuidoras energéticas, siendo necesario acometer reformas en la misma estructura de mercado que nos permita disponer de un sistema de fijación de precios justo y asequible para todos los hogares, en especial para aquellos más vulnerables. No hay que olvidar que el acceso a la energía es un derecho básico que no puede caer en manos de grandes corporaciones oligopólicas, por lo que democratizarlo es una cuestión vital, necesaria para proteger el poder adquisitivo y asegurar la calidad de vida de la población trabajadora. Para conseguirlo, igualmente, el Gobierno debe asegurar que los fondos Next Generation se destinen a una verdadera transición económica y ecológica justa del modelo productivo español, y no acaben engrosando, aún más, las cuentas de beneficios de las grandes empresas energéticas.
