La invisibilización de este problema y la normalización de la precariedad sobre las personas jóvenes está condicionando la negociación hasta puntos que creía impensables.
Parece una obviedad que la entrada del blog de hoy la dedicara a la OTAN y la situación geopolítica actual. No obstante, prefiero visibilizar un tema concreto, el de las prácticas no laborales, que afecta a más de un millón de personas en nuestro país cada año y que estas semanas son determinantes para establecer de manera definitiva un marco de calidad suficiente para esos periodos. No obstante, la invisibilización de este problema y la normalización de la precariedad sobre las personas jóvenes está condicionando la negociación hasta puntos que creía impensables.
Si la formación está cobrando cada vez más protagonismo en nuestra sociedad y es un hecho que a lo largo de toda nuestra vida profesional vamos a tener que seguir formándonos, hay que establecer que esta formación esté vinculada con la realidad del mercado de trabajo. En ese sentido, para poder dar este gran paso, debemos enfrentarnos y acabar con los abusos y fraudes que históricamente se han producido en las acciones formativas en las empresas.
El primer paso en esa dirección lo dimos con la reforma laboral del pasado diciembre, ya que derogamos el contrato de formación y aprendizaje y el de prácticas, hasta ahora usados para abaratar costes en la empresa, para establecer un solo modelo de contrato formativo, en el que se garantiza esa parte formativa y, además, se establece un amplio catálogo de derechos y condiciones salariales y laborales más beneficiosas.
En esa misma reforma, nos emplazamos las organizaciones patronales y sindicales a negociar y crear el primer Estatuto de las Prácticas No Laborales, con un objetivo claro: acabar con los fraudes y usos abusivos que se dan hoy de estas prácticas delimitando perfectamente la línea entre periodos formativos con o sin trabajo productivo asociado.
Por suerte, nuestra organización de jóvenes, RUGE, lleva años investigando los fraudes existentes y denunciando esas situaciones de abuso. Gracias a este trabajo, tenemos claro qué es necesario introducir para dar esas garantías mínimas y, por otro lado, sabemos en qué prácticas se enmascaran esas malas praxis empresariales en las que se utiliza esta figura para cubrir puestos de trabajo.
Uno de estos focos se produce en titulaciones propias de determinados centros formativos en los que, a través de una formación de dudosa calidad, se ofrecen horas de prácticas que llegan a representar el ochenta o noventa por ciento de las horas totales del curso, lo que en la práctica acaba suponiendo periodos de 9 o 12 meses de puesta a disposición de personas becarias a las empresas en jornadas de 6 u 8 horas diarias para cubrir puestos estructurales de estas.
El segundo foco lo encontramos en las tan extendidas prácticas extracurriculares que son aquellas en las que un estudiante puede, de manera voluntaria, realizar para complementar su formación. En este caso, las personas que las realizan acaban reconociendo que, si bien les han sido útiles para su aprendizaje, en todas han realizado trabajo productivo y, por tanto, han sido usadas de manera fraudulenta. Y aquí es donde toca ser coherentes: si hemos apostado por un modelo de contratación que permite compaginar el trabajo productivo con la formación teórica en las aulas no tiene sentido que exista una figura de prácticas que esté permitiendo hacer eso mismo, pero sin ningún tipo de derecho para la persona becaria. Es momento de que las empresas asuman que, si quieren a estudiantes recién egresados o a punto de hacerlo que empiecen a generar productividad en sus empresas, esto deben pagarlo y no abusar de la situación de precariedad que viven para ahorrarse costes empresariales.
En definitiva, una vez más nos encontramos al borde de una negociación, con casi todo cerrado, pero en la que una palabra puede suponer entre quedarnos como estamos o producir un cambio de rumbo en nuestras relaciones laborales. Debemos ser firmes dado que no existe una razón más justa que dar al futuro de nuestro país una entrada en el mercado de trabajo, y por consiguiente en nuestro sistema, de una manera estable y de calidad. Si perpetuamos y permitimos el fraude, después no podremos pedirles que quieran y hagan suyo nuestro modelo de sociedad. Por tanto, con esta reforma también estamos creando y defendiendo nuestra democracia.
