El estrés, ansiedad y depresión, la mala salud mental, no pueden continuar siendo ni estigmatizados ni ocultados en la sociedad ni esconder que, gran parte de estas afecciones, son producidas por causa laboral. Entre un 5 y un 12’5% de las personas trabajadoras van a trabajar con ansiolíticos.
Esta semana pasada hemos celebrado el Día de Internacional de la Salud Mental. El objetivo específico de esta conmemoración es recordar que la salud mental de cada persona es un pilar primordial para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. En efecto, la salud no es solo un factor físico, sino que tiene un componente social y mental como reconoce la propia definición de “salud” de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que la considera como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
España es el país de la Unión europea que más ansiolíticos consume. El último mes han consumido benzodiacepinas, con receta o no, el 11% de los ciudadanos del estado. Más de 5 millones de personas. Algunos de los medicamentos más conocidos son el Diazepam (Valium), Alprazolam (Trankimacin) o Lorazepam (Orfidal). El siguiente país en nivel de consumo son Bélgica y Portugal con el 8%. Por sectores económicos, este consumo, en primer lugar, encontramos a las trabajadoras y trabajadores del sector primario, con un 10’2%, en segundo lugar, la administración pública con un 8’7% y en tercer el de servicios a domicilio con un 8%. En la parte baja estarían la industria y la construcción con alrededor de un 6% de consumo de ansiolíticos, y el transporte en un 5%. En cuanto a la cualificación laboral va del 8’2% de las personas directivas y profesionales al 12’5% de las personas trabajadoras manuales. En cuanto a los estudios de que parte de las trabajadoras y trabajadores están en situación de riesgo psicosocial y de salud mental muestra un claro sesgo de género, correspondiendo a un 32% de los hombres y un 43% de las mujeres. Las bajas laborales por enfermedades psicológicas son las segundas en duración, por detrás de las traumatológicas. (Datos recogidos en “Empleo, trabajo y riesgos para la salud mental”, FUNCAS, diciembre 2021 de Oscar Pérez-Zapata y Gloria Álvarez-Hernández y el informe “Trabajo y Salud Mental”, de octubre de 2022, de la Secretaría de Salud Laboral de la UGT).
En el Reino Unido, país donde el seguimiento de la salud mental está muy avanzado, cada mes el informe de salud laboral muestra la situación específica y en estos términos de “Estrés, ansiedad y depresión” y sus principales causas. Sobrecarga de trabajo, mala organización, objetivos inalcanzables, el exceso de jornada laboral, el riesgo a perder el empleo, salarios bajos, mobbing… entre muchos. Aquí en muy pocos casos se reconocen sus causas laborales ni son tratados como enfermedad profesional.
En este contexto, desde UGT denunciamos que la precariedad laboral, los recortes en sectores como la sanidad o la educación y las condiciones de trabajo están afectando gravemente a la salud mental de las personas trabajadoras. Por ello, reclamamos que estos problemas laborales sean abordados de forma decidida para acabar con ellos y garantizar una protección adecuada de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
Así lo indicamos en el informe “Trabajo y Salud Mental”, publicado el 10 de octubre, donde se constata que las trabajadoras y los trabajadores están sufriendo las consecuencias de una deficiente gestión de los riesgos psicosociales en sus puestos de trabajo y estas condiciones laborales tienen influencia directa sobre su salud mental.
Actualmente, la primera causa de muerte en accidente de trabajo en nuestro país durante 2021 fueron los infartos y derrames cerebrales, patologías que pueden estar relacionadas con la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral. Concretamente, 243 personas trabajadoras murieron en accidente de trabajo durante la jornada laboral por infartos y derrames cerebrales el año pasado, y hasta un 32% de la población ocupada considera que está expuesta a presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
Por otro lado, sabemos que la precariedad laboral también influye en la salud de las y los trabajadores. En el año 2021, las personas trabajadoras asalariadas con contratos temporales tuvieron una incidencia de los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral un 71% superior a la de los asalariados con contratos indefinidos.
Por eso, es necesaria la apertura de una mesa de diálogo social que impulse un Plan de choque contra la siniestralidad laboral, con elementos tan importantes como la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora.
Por otro lado, la salud mental no puede ser un tema tabú en el entorno laboral, debe ser visibilizado y normalizado, porque afecta a más personas de lo que pensamos y porque supone una tragedia para muchas de ellas que guardan un hondo y dramático silencio. Por ello, reivindicamos la elaboración, con la participación de los agentes sociales, de una Directiva que regule la gestión de los riesgos psicosociales en el entorno laboral y la actualización del listado de enfermedades profesionales españolas, para que sean incluidas las patologías derivadas de los riesgos psicosociales y las enfermedades psicológicas.
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