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En defensa de las libertades y el derecho a huelga

El Congreso de los Diputados camina hacia la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que penaliza la huelga.

La derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que actualmente contempla el castigo de hasta tres años de cárcel a sindicalistas que participen en huelgas como piquetes, superó el pasado jueves 17 de diciembre un importante escollo: el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y Vox, que buscaban mantener el artículo, con solo 142 votos a favor. Concretamente, el PP buscaba conservar la redacción actual de la legislación y VOX pretendía  endurecer el castigo con penas de hasta cuatro años y medio.

 

De esta forma, la mayoría de los grupos de la Cámara Baja del Parlamento han declarado su “compromiso con el sindicalismo y la libertad” para derogar este nefasto artículo del CP que data de la época franquista. Este es un gran avance -que desde UGT veníamos reclamando desde hace años- que celebramos, y que esperamos que se tramite correctamente ante la Comisión de Justicia del Congreso.

 

En la práctica, con el cambio interpretativo propiciado por la Fiscalía desde 2012, se ha utilizado este artículo para pedir penas de hasta cinco, siete u ocho años de cárcel. Conocemos muchos ejemplos de esto: la causa contra Rubén Ranz y José Manuel Nogales (“los dos de la Lealtad”), el caso contra “los 8 de Airbús”, la causa contra los 5  sindicalistas de ArcelorMittal, el juicio contra Katiana Vicens (Baleares), etc.  Unos 300 sindicalistas se ha visto amenazados de cárcel por ejercer su derecho a la huelga defendiendo a los trabajadores, algunos de cuales entraron en prisión.

 

Desde UGT y desde todo el sindicalismo de clase hemos exigido siempre la derogación de este artículo, porque la huelga es un “Derecho Fundamental”, recogido así en el artículo 28.2 de nuestra Constitución, y es una clara expresión de la libertad de expresión y de acción sindical.

 

Defendemos, consecuentemente, el derecho a la huelga como máxima manifestación legítima de los trabajadores ante un conflicto social, cuando la vía del diálogo ha fracasado. Este es un paso adelante para los trabajadores de nuestro país, pero no debemos olvidar que nos queda aún mucho camino por recorrer.

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