El viernes de esta semana acudí a la Mesa de Diálogo Social con el Gobierno acerca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, extraño vocablo que nadie sabe muy bien que significa pero que está de moda en los foros de esta naturaleza.
En el Plan, se diseña la estrategia para movilizar los 140.000 millones de euros de los Fondos Europeos destinados no ya a la recuperación económica sino al necesario cambio de modelo productivo y la revitalización de los servicios públicos que la crisis pandémica ha demostrado lo que ya eran y algunos no veían, esenciales –sanidad, educación, etc.-. En la misma, también se presentaron documentos relacionados con la agenda digital española, el despliegue del 5G y las infraestructuras necesarias para la mejora de la conectividad.
El Plan muestra ejes muy positivos: transformación económica justa en clave verde; la conversión de España en una primera potencia en la generación de energías renovables; la digitalización de nuestra economía y sociedad; la necesaria preocupación por el desequilibrio territorial y el abandono que sufren extensas poblaciones y ámbitos; la superación de la brecha de género, etc. Igualmente importante, es la llamada al sector privado a su imprescindible colaboración que se cuantifica en más de 300.000 millones de euros.
El Plan es esperanzador, pone los faros a largo, intenta ir más allá de visiones cortoplacistas. Pero todos los aspectos positivos no pueden ocultarnos ciertas dudas. En cuanto a la creación de empleo, más allá de declaraciones bienintencionadas, el Plan solo menciona una cifra de entre 200.000 a 300.000 empleos de calidad derivados de la transformación económica verde, pero no hay evaluación alguna respecto a la significación en el empleo de los demás contenidos del Plan. Se echa de menos una mayor atención en este aspecto.
Igualmente, hay otras cuestiones que me preocupan, la ausencia de referencia a sectores estratégicos, su salvaguarda e impulso y la identificación de mecanismos para su protección. La no mención de los sistemas financieros públicos o privados (BANCA) en el texto, cuando son protagonistas necesarios del esquema económico. Y, sobre todo, las ambiguas reflexiones acerca de las nuevas políticas para dinamizar el mercado de trabajo que no contienen una dirección clara que haga frente a la situación de fraude generalizado actual. Por último, no menos importante, no se advierte una apuesta clara y rotunda por un sistema fiscal justo y redistributivo que pueda asumir las necesidades de gasto que el Plan conlleva, más allá de ciertas referencias tecnocráticas.
Esperemos que en las Mesas de Diálogo Social que se constituyan en breve podamos dar cierre a las dudas y centrarnos en el desarrollo de aquellas medidas que el país necesita imperiosamente.
