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Ciudadano el último

¿Cuál es el verdadero sentido, la auténtica razón de ser de la existencia de un Estado democrático? Desde mi modesto punto de vista no hay duda: el ciudadano. Es causa y también debe ser consecuencia. Y cuando no es así, para mí se devalúa su función y se cuestiona incluso su legitimidad. Es en ese terreno donde la brecha de desconfianza entre ciudadanos y gobernantes se abre de forma más dramática. No hace falta recurrir a las grandes políticas, a las más trascendentes desde el punto de vista del espacio que ocupan en el debate político o social. A veces, fijándose en el montón de medidas que adoptan las administraciones cada día sin aparente relevancia, se puede constatar de qué manera el ciudadano se ha convertido en un triste, arrinconado y muchas veces perjudicado invitado de piedra.

Eso es exactamente lo que ha ocurrido con las sanciones que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha interpuesto contra miles de parados a los que se les acusa de haber cobrado la prestación por desocupación de manera fraudulenta. Dice, el SOC, que no renovaron la demanda de paro en la forma y fecha que se determina en el documento de renovación de la demanda, sin causa justificada. Aunque, con posterioridad se modificó la legislación y ahora, después de otro deplorable caso de desavenencias entre administraciones –la de la Generalitat y la del Estado-, se persigue a los supuestos infractores. ¿La sanción? Un mes de pérdida de la prestación concedida en su día, ya consumida. Casi dos años después, el SOC les obliga a devolver el dinero.

Ante semejante agravio, la UGT de Catalunya ya ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges contra el Servei d’Ocupació de Catalunya, que depende del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, por la apertura de estos expedientes sancionadores a personas que cobraron la prestación hace año y medio y que, por lo tanto, ya la han agotado.

La situación es dantesca e inaudita, a partes iguales. La Administración ha decidido saltarse el principio de retroactividad –que siempre, siempre, debería ser en beneficio del más débil- para sancionar a unas personas cuya presunta infracción, días más tarde, ya no hubiera sido tal. La  dejadez de las administraciones en el ejercicio de sus funciones les arrastra a un expediente sancionador por una cuestión que en ningún caso les ha sido imputable. El principio de retroactividad se rompe a añicos: se castiga al parado, se guillotina al más débil.

La cuestión es que ahora la Generalitat y el Servei d’Ocupació, después de la amenaza del Estado ha optado por reclamar las sanciones a estos ciudadanos perjudicados a través de una empresa que de manera externa. Y la amenaza es económica: lo que no se les cobre a los sancionados, irá contra los fondos para políticas de ocupación que la administración central negocia con las comunidades autónomas, en este caso con Catalunya. Inaceptable el chantaje del Estado y cobarde la resignación del Departament d’Ocupació. Y al final pagan los más débiles.

Absurdo. Patético. Surrealista. Kafkiano. No se me acabarían los adjetivos. Pero lo más grave es que se viola de manera flagrante el principio de seguridad jurídica, en el momento en que se aplica la norma con carácter retroactivo y también el principio de legalidad de la Administración ya que la exigencia de ‘no renovar la demanda de paro en la forma y fecha que se determina en el documento de renovación de la demanda sin causa justificada’ fue suprimida como conducta sancionable en el Real Decreto Ley 11/2013 de 2 de agosto.

El perjuicio es evidente y la brecha entre administración y administrados sigue creciendo. Ciudadano el último.

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