Promueven el racismo, niegan el cambio climático y la violencia machista, van contra los derechos de las mujeres y LGTBI; también quieren privatizar las pensiones, están contra la subida del SMI, y contra la reforma laboral, no quieren empleo estable. Quieren disolver los sindicatos. Hay que llamarles por lo que son, ultraderecha fascista. Nos quieren debilitar porque saben que los sindicatos somos los que ganamos derechos e impedimos su avance.
Desde las últimas décadas, las formaciones políticas de ultraderecha están teniendo cada vez más protagonismo en prácticamente toda Europa y, también en parte, en el continente americano. Nuestro país permanecía ajeno a tal circunstancia hasta los comicios andaluces de 2018 que supusieron un punto de inflexión con la aparición institucional de un partido con esta ideología, que pronto se extendió a todo el Estado en las elecciones generales de 2019.
¿Pero qué supone realmente esta posible institucionalización política de las ideas de la ultraderecha? Francamente, pienso que es un riesgo para la propia democracia, porque provoca una erosión en las instituciones transcendentales para la gobernanza, socavando principios básicos del Estado de derecho y del Estado de bienestar.
Y si alguien pregunta por qué, la respuesta es sencilla. La derecha radical hace énfasis en la identidad étnica y el etnonacionalismo frente a la inmigración, que es criminalizada, y al multiculturalismo, rechazando una sociedad abierta y diversa. Cuestiona la existencia de violencia machista. Promueve unos ideales míticos ultranacionalistas del pasado que nada tienen que ver con la sociedad española actual, que, si siempre ha sido plural, ahora es más diversa que nunca. Defiende valores nacional-populistas que atacan la propia legitimidad el sistema político y democrático, con propuestas tan lesivas como la ilegalización de partidos políticos democráticos o la supresión del Estado Autonómico. Ampara un autoritarismo punitivo y populista que daña al Estado de derecho al intentar utilizar este de forma muy restrictiva.
Laboralmente, propone que el despido sea mucho más barato (reduciendo indemnizaciones), saltarse los convenios colectivos por pactos individuales, la prohibición de los piquetes informativos en la calle y la limitación del derecho de huelga. Además, quiere desmantelar el sistema público de pensiones para sustituirlo por uno “mixto” y reducir la tributación de las rentas más altas.
La extrema derecha ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Reforma Laboral que tan buenos éxitos está teniendo en la contratación indefinida, rebajando la temporalidad, en la posibilidad de organizar las trabajadoras y trabajadores de colectivos laborales hasta ahora muy precarios y vulnerables. Y nos vamos a presentar en el Tribunal constitucional como parte en este recurso. No nos vamos a quedar de manos cruzadas. Al fascismo se le combate siempre. No vamos a dejar pasar ni una. No quieren que las personas tengan derechos, sociales y laborales. Que no nos engañen: defienden a las élites económicas improductivas y especuladoras, caciques, terratenientes, nostálgicos de la dictadura franquista que defendía sus intereses. Ningún trabajador y trabajadora les tendría que votar.
Ahora, otra vez, la cita electoral de Andalucía, puede incrementar su poder territorial y permitir a esta formación coparticipar en el gobierno de esta Comunidad y así poder implementar sus propuestas de involución política y antisindical, como ya está ocurriendo en el ejecutivo de Castilla y León.
Suponen un riesgo para la democracia, las libertades individuales y colectivas y el bienestar social de todas y todos. Están en juego derechos laborales, civiles, sociales y democráticos que ha costado muchos años conquistar. Nuestro sindicato, UGT, los va a combatir, como hicimos en la República, en la Guerra Civil, con miles de ugetistas que están enterrados en cunetas, que dieron la vida en campos de concentración nazis, o en la cárcel durante el Franquismo. Lo haremos ahora y siempre. ¡No pasarán!
