El pasado martes, 28 de junio, se alcanzó un acuerdo en la mesa social del Pacto de Toledo, en el que se deroga, en coherencia con los planteamientos de las elecciones sindicales, la reforma de pensiones del Gobierno del Partido Popular del año 2013. Desaparece, así, el factor de sostenibilidad, y se recupera el Índice de Revalorización de las pensiones al IPC, asegurándose el poder adquisitivo de las personas pensionistas.

Este  acuerdo reduce las penalizaciones de las jubilaciones anticipadas involuntarias, reconoce las carreras profesionales largas y favorece la jubilación anticipada en su conjunto. Más allá de comentarios más o menos acertados, la importancia de este pacto es vital. De ahí, el aprovechamiento por el sector ultraliberal de cualquier esquirla para sacar consecuencias inexistentes y restar valor al acuerdo. El Acuerdo sienta las bases de una financiación adecuada del sistema de pensiones, clarifica y delimita las fuentes de financiación y pone las bases para una mejor gestión. Establece líneas de sostenimiento del sistema de pensiones que van en una línea diferente a las proclamadas por los antaño autoproclamados gurús de la economía y muestra salidas diferentes que no suponen disminuir los derechos de las personas, y eso duele.

En definitiva, este acuerdo, avance sindical evidente, es la antítesis de la reforma de 2013 con mejoras en todos los ámbitos para las pensionistas, para el régimen público de pensiones y para la gestión del propio sistema. Consolidando así, por tanto, un derecho y pilar básico de nuestro Estado del bienestar.