Este pasado lunes, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado el control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, apostando por incentivos fiscales, si tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Además, ha sugerido la posibilidad de aplazar la aprobación de la ley, pese a que el gobierno se había comprometido a presentarla antes de febrero.

A propósito de estas declaraciones, desde UGT queremos manifestar nuestra posición clara en defensa de una vivienda digna para todos, como ha reconocido la Carta Social Europea y como recoge el artículo 14 de nuestra Constitución, que interpela directamente a los poderes públicos para garantizar tal derecho: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

Sabemos que el problema de la vivienda en nuestro país es muy complejo, viene de lejos e intervienen en el mismo muchos factores, pero esto no es óbice para la inacción de las administraciones públicas ante la situación dramática actual que ha producido una auténtica emergencia habitacional, denunciada por todo tipo de organizaciones y por el propio relator de Naciones Unidas. En los últimos años, el problema se ha agravado, primero con la crisis económica, después con la reforma laboral, y actualmente con la crisis sanitaria y socioeconómica producida por la Covid.

La vivienda es un soporte fundamental para la protección de otros derechos humanos fundamentales como la dignidad, la intimidad, el desarrollo personal o la seguridad. Por ello, necesitamos de forma urgente una ley de Vivienda que dé respuesta desde la misma a las personas sin hogar, a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, al millón de hogares desahuciados de sus residencias al no poder pagar la hipoteca, o los precios abusivos de alquiler.

Por eso, desde UGT presentamos en 2019 una propuesta en materia de vivienda al Gobierno que contemplaba la necesidad de controlar los alquileres y compraventas de la forma más eficiente y establecer un índice de precios público de vivienda para evitar la manipulación desde determinados sectores del alquiler, medida que se implantó en 2020. Por el mismo motivo, UGT presentó en 2020 la “Iniciativa sindical por una vivienda digna” con CCOO, fruto de nuestra propia propuesta un año antes. Por último, hace unas semanas, hemos promovido la “Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la vivienda”, con el apoyo de otras 50 organizaciones.

Esta última “Iniciativa” recoge una síntesis de las reivindicaciones fundamentales realizadas que debe incluir la Ley de Vivienda, legislación que consideramos urgente e inaplazable, con el firme objetivo de conseguir que el derecho a una vivienda digna, como precepto constitucional y derecho humano, se garantice de manera efectiva para todas las personas de nuestro país.