En el marco de una visita sindical por Argentina y Brasil, tuve hace unos días el privilegio de visitar el museo de la memoria que se encuentra en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires (denominada actualmente Ex-ESMA). El privilegio responde, en primer lugar, a poder conocer el abordaje de las instituciones del estado en Argentina sobre un capítulo tan trágico (y tan reciente) de su historia.
Resulta llamativo que solo dos años después del fin de la dictadura, la justicia argentina juzgaba a los integrantes de la junta militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Pero en años posteriores, hubo una serie de retrocesos como las leyes de obediencia debida y punto final, que limitaron la posibilidad de juzgar al resto de responsables de los crímenes cometidos y los infames indultos que el ex presidente Menem otorgó a los militares previamente juzgados. Se sucedieron posteriormente años de impunidad donde los genocidas compartían las calles con sus propias víctimas y, muchos de ellos, mantenían su posición dentro del ejército. Incluso, se produjo la paradójica situación que el único militar argentino que rompió el pacto de silencio entre los represores, Adolfo scilingo, fue juzgado en España en el año 2005 por delitos de lesa humanidad a partir de sus confesiones.
Pero la democracia Argentina ya había comenzado a vislumbrar el fin de la impunidad justamente en esos años, con la intervención de la corte Suprema de justicia , que derogó las leyes de impunidad y estableció que los crímenes de la dictadura eran imprescriptibles, así como con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003, que supuso un radical cambio a esta situación, con el establecimiento como prioridad de una política oficial de derechos humanos basada en los principios de memoria, verdad y justicia.
El gobierno argentino emprendió de ese modo la promoción de las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Más de 15 años después los juicios continúan, con el saldo de miles de hechos esclarecidos y cientos de militares y cómplices condenados.
Otra particularidad de la experiencia argentina es la profundidad en la búsqueda de responsabilidades de las diferentes investigaciones. En Argentina no fueron juzgados y condenados solo los principales jerarcas de la dictadura sino que existen una enorme cantidad de causas vinculadas a cada uno de los delitos cometidos por aquellos líderes pero también sus subalternos. Oficiales, suboficiales y personal técnico del ejército también son investigados y condenados en la búsqueda de justicia sobre toda la cadena de responsabilidad de aquellos terribles crímenes que incluyeron, secuestros, torturas, abusos sexuales, robo de bebes y asesinatos.
Pero además, existen también investigaciones sobre la complicidades civil en los crímenes, hecho que hace que se denomine a aquella sangrienta experiencia como “dictadura cívco-militar”. A propósito de esto, el pasado año, antiguos directivos de la multinacional Ford fueron condenados por su complicidad con el secuestro de dirigentes y militantes sindicales en las factorías de la empresa.
El compromiso no se limitó a la justicia y el entonces presidente emprendió una apuesta por la memoria para que todos los argentinos puedan enfrentarse a la verdad de los hechos ocurridos en aquella infame instalación militar. El Gobierno decidió destinar la totalidad de las instalaciones militares de la E.S.M.A a crear un inmenso y vivo espacio de memoria donde, entre otras instituciones y espacios relacionados con los derechos humanos, funciona el museo de la memoria. Esta decisión significa una apuesta sólida por la unidad de la sociedad a través de valores democráticos.
No solo decisiones políticas
Pero sería injusto pensar que el enorme ejemplo que representa el modelo argentino de derechos humanos proviene únicamente de valientes decisiones políticas. Desde los propios años de la dictadura, personas y organizaciones dedicaron su esfuerzo militante a no dejar la exigencia de memoria, verdad y justicia en el olvido, por lo que debe destacarse el inmenso trabajo militante de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sindicales y sociales. Entre los primeros debemos destacar a abuelas de plaza de mayo y a las madres que desde los primeros momentos del terror enfrentaron a la dictadura exigiendo justicia por sus familiares. Muchas de ellas han fallecido dejando un imborrable ejemplo de lucha. Pero algunas otras todavía mantienen en alto la pelea por los derechos humanos. Es el caso de Vera Jarach, una inmigrante italiana que debió escapar hacia Argentina por las leyes racistas de la Italia fascista en 1939. En el año 1976 sufrió el secuestro de su hija Franca, todavía desaparecida.
La segunda razón que agradezco de esta visita es la invitación que el recorrido guiado por la ex E.S.M.A. propone en las palabras finales a cargo del guía. El joven guía del museo invita a llevarnos cómo conclusión una pregunta: Qué representa este horror en nuestro presente y que podemos hacer con ello?
Para cualquier español comprometido con los derechos humanos esta pregunta nos remite directamente a nuestra experiencia cercana con los crímenes del franquismo.
Es inevitable no pensar en lo sucedido en nuestro país con los crímenes del franquismo desde el fin de la dictadura. Más allá de las diferencias entre lo vivido en España y Argentina, resulta desalentador volver los ojos hacía nuestro país y ver el desierto de impunidad en el que nos encontramos.
Después de más de cuatro décadas debemos llamar a las cosas por su nombre; no falta madurez en la democracia española para cubrir el agujero de impunidad de los crímenes franquistas, nuestro principal déficit se encuentra en la falta de compromiso democrático con los derechos humanos de parte de las instituciones y de los partidos de la derecha, para poder comenzar con un proceso de justicia, bajo el marco de los derechos humanos, que se base en preservar la memoria, buscar la verdad y establecer justicia frente a los crímenes cometidos por la dictadura franquista.
Un modelo en el que inspirarnos
No podemos confundirnos, hacer justicia con los crímenes del franquismo no se trata de una propuesta partidaria sino de evitar dejar impunes cientos de miles de asesinatos y demás crímenes.
El terrible silencio de los gobiernos de España desde la vuelta a la democracia, tímidamente roto con la ley de memoria histórica del año 2007, hace que la experiencia argentina represente un modelo en el que inspirarnos.
La actual situación respecto a la exhumación del dictador Franco del Valle de los Caídos debe tomarse como un nuevo punto de partida ante la deuda española con las víctimas, sus familiares y el conjunto de la sociedad.
Evitar que un dictador criminal tenga un mausoleo es empezar desde muy atrás en este terrible déficit democrático español, pero supone al mismo tiempo un pequeño paso que no debemos desaprovechar.
