Hace unos días tuve la oportunidad de realizar mi primera visita institucional como secretario general de UGT al Parlamento Europeo, encabezando una delegación en la que también participaron los secretarios generales de las federaciones estatales del sindicato. Uno de los principales objetivos era además trasladar nuestra posición sobre el llamado “Pilar Europeo de Derechos Sociales”, la apuesta con la que el presidente de la Comisión, Juncker, pretende dar un giro a la política europea y en el que se enuncian desde los principios generales para la convergencia en condiciones de trabajo y de vida de la ciudadanía, hasta medidas concretas para reforzar los sistemas de bienestar.
En las reuniones que mantuvimos, quisimos dejar claro que el Pilar Social presentado a finales de abril por la Comisión está lejos de las aspiraciones de la Confederación Europea de Sindicatos y de las de UGT, y confiamos que la Eurocámara mejore la propuesta en las negociaciones e incluya otros elementos muy importantes. Aunque, a nuestro juicio, el documento propuesto tiene elementos positivos, como su apuesta por la conciliación, siguen faltando elementos legislativos concretos que efectivamente mejoren las condiciones de trabajo y atajen la precariedad del empleo, así como una voluntad más clara de marcar salarios mínimos o –elemento fundamental para que todo ello pueda llevarse a cabo- sobre negociación colectiva, el elemento más duramente atacado durante el mandato del expresidente Barroso. Hemos querido también dejar patente que ese verdadero pilar social tendrá una fortaleza muy muy limitada en el todavía contexto de recorte del gasto social (como podemos comprobar en los propios Presupuestos Generales del Estado español para 2017). Sin una revisión de los aspectos económicos –centrales de la construcción europea–, la dimensión social continuará en entredicho y se limitará a proporcionar un barniz más social al actual proceso de convergencia europea. Precisamente, una de las críticas que más hemos repetido desde UGT es que el Pilar Social no podía ser un elemento subsidiario de la política de la moneda común (como planteó Juncker), sino autónomo y en igualdad de condiciones. Un pilar social que esté comprometido a la tiranía del Semestre Europeo y que no cuente con dotación presupuestaria suficiente no será más que un montón de promesas huecas que en nada servirán para construir el proyecto común en los términos en los que se concibió: una economía social de mercado.
En las reuniones mantenidas también hemos hecho llegar a los europarlamentarios que nuestra exigencia de que la Comisión incluya la tasa de desempleo en los procedimientos de desequilibrio económico excesivos que en última instancia pueden llevar a sanciones, igual que ocurre con el déficit. Y que no sólo se observe el dato numérico, sino la calidad del mismo. Sigo rebelándome contra la idea de que sólo se exija a los gobiernos cumplir con una tasa determinada de déficit público y que se ignoren otras tan importantes (o más) como son el índice de desigualdad, el de pobreza o el de desempleo. Si al Gobierno español se le sanciona por incumplir el déficit presupuestario, es razonable que haya otros parámetros con carácter social que formen parte del plan de ajuste. Si no, esta Europa es una Europa que cada día estará más lejos de los ciudadanos y ciudadanas.
Por estas razones, los dirigentes de UGT hemos acudido a Bruselas para elaborar una estrategia común que mejore el paquete de medidas propuesto por el Ejecutivo comunitario. Por un lado, nos hemos reunido con la ejecutiva de la Confederación Europea de Sindicatos y las principales federaciones sectoriales europeas afiliadas a ésta, y por otro, en el ámbito puramente político, hemos mantenido varias reuniones: con la delegación Socialista española en la eurocámara, encabezada por su presidente y secretario general, Ramón Jáuregui y Sergio Gutiérrez, así como con otros miembros destacados del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, como con su presidente, Gianni Pittella y vicepresidenta, Maria Joao Rodrigues. Hubo también tiempo para el encuentro con el jefe de gabinete del presidente del Parlamento Europeo, Diego Canga, con quien hablamos de políticas europeas relacionadas con la legislación laboral, trabajo digno, igualdad y defensa de los derechos de los trabajadores, pensiones y políticas sociales, entre otras materias. Hemos logrado su compromiso en el sentido de nuestras posiciones, y han asegurado que los socialdemócratas defenderán ante la Comisión un plan más ambicioso de Pilar Social.
España es uno de los países en los que los efectos de la austeridad hacen más necesarias políticas sociales comunes, por lo que conmino a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a que trabaje para exigir un corpus legal más determinante, financiación suficiente, y voluntad real para que el Pilar Social esté dotado de contenido verdadero; asimismo le pido no practique una política de bloqueo o contraria al citado pilar. Los ciudadanos y ciudadanas españoles no lo entenderían.
