Me siento indefenso ante el Defensor del Pueblo. Y también enfadado al constatar finalmente que Enrique Múgica tenía previsto de antemano interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, más allá de cual fuera el texto final den nuevo Estatut de Catalunya. No importa si la mayoría de los diputados y diputadas del Parlament de Catalunya y del Congreso dieran su apoyo al contenido acordado. No importa que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya lo aprobaran en referéndum. Todo eso da igual. Enrique Múgica no ha desperdiciado la ocasión de ponerse al servicio de los que le propusieron para el cargo. Objetivamente ha abandonado la necesaria neutralidad que debe cuidar hasta el extremo una institución tan noble como la que él representa. En la medida que el Defensor del Pueblo es una de las instituciones más sensible de este país, Enrique Múgica debería conocer las consecuencias que puede acarrear esta grave irrupción en la batalla partidista. Que no pueden ser otras que el descrédito y la desconfianza ciudadana. Ésta decisión de Enrique Múgica tendrá un efecto letal, al menos en Catalunya, sobre el prestigio de una institución encargada, ni más ni menos, que de poner en conocimiento de las administraciones públicas los agravios que por su causa sufren ciudadanos y colectivos. Los mismos que depositan en la acción del Defensor del Pueblo, sus esperanzas de atención y solución para sus reivindicaciones.
Pero todo esto parece no importarle a Enrique Múgica. Prefiere cumplir con el perverso guión que le han sido asignado, que moderar sus declaraciones, así como sus acciones. No ha entendido que no es su credibilidad la que está en juego, sino la del Defensor del Pueblo.
La urgencia de reducir el tiempo de trabajo: La ciudadanía exige un cambio.
Una de las señas de identidad del movimiento obrero ha sido, desde sus orígenes, la defensa del derecho de las