A partir del 1 de enero de 2019, miles de trabajadores y trabajadoras van a sufrir una discriminación sin precedentes. Ese día entrará en vigor el sistema de jubilación parcial a través del contrato de relevo que contempla el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la Competitividad Económica de la Industria y el Comercio, convalidado el pasado jueves por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el Gobierno solo ha incluido este tipo de contrato en la industria manufacturera, siempre que el trabajador solicitante de la jubilación parcial cumpla algunos requisitos, como la “prestación de servicios que comportan relevantes esfuerzos físicos, además de alcanzar ciertas cotas de edad, antigüedad y cotización mínima”. ¿Y en la seguridad privada no hay relevantes esfuerzos físicos? ¿O en los servicios públicos? ¿Y en la construcción?
Desde 2003, un total de 340.000 trabajadores y trabajadoras se han acogido a este tipo de contratos y, curiosamente, el sector industrial no ha sido el que más los ha suscrito, sino el sector servicios, con el 70% de los contratos de relevo aplicados en este periodo.
Hay que universalizar el contrato de relevo ya. Por justicia social y por igualdad. Así se lo hemos hecho saber al presidente del Gobierno mediante una carta. El Ejecutivo tiene que atender la reivindicación del sindicato y extender este contrato, que permite que las empresas sean más competitivas y más productivas y permite también rejuvenecer las plantillas con contratos de calidad. El Gobierno tiene que ser sensible a las carencias y necesidades de nuestra economía y ampliar el ámbito de afectación de esta medida más allá del sector industrial al objeto de multiplicar los efectos beneficiosos del contrato de relevo al conjunto de sectores que conforman nuestra economía.
Cuestión de voluntad política
El uso de la jubilación parcial acompañada de contrato de relevo en las condiciones anteriores a las reformas de 2011 y 2013, como recoge la nueva ley, ha demostrado a lo largo del tiempo ser un instrumento muy eficaz para la economía española en la medida en que ha venido a solventar problemas acuciantes del mercado laboral español como el envejecimiento de las plantillas y las dificultades de los jóvenes para acceder a puestos de trabajo en condiciones dignas y de calidad. Además, el hecho de que el trabajador relevado y el relevista convivan durante cierto tiempo, facilita la transmisión del conocimiento acumulado por el relevado durante toda su carrera profesional sin que se pierda, lo que constituye un incentivo más para que miles de empresas opten por esta modalidad contractual, sobre todo en industrias como la del automóvil, que vive momentos de preocupación por su futuro y su presente por las limitaciones previstas para el diésel, que requiere de medidas urgentes y ambiciosas.
Con un Plan de Empleo Joven sin recursos y unos contratos de Emprendedores y de Formación fracasados, aprovechados egoístamente por los empresarios para emplear a trabajadores y trabajadoras jóvenes de manera precaria y despedir más barato y aumentar la rotación en el empleo, el contrato de relevo es la única vía de entrada de las personas jóvenes al mundo laboral en condiciones de dignidad y con derechos. Jóvenes, que hay que recordar, que sufren de manera despiadada el desempleo (la mitad de ellos están en paro) y la precariedad y la temporalidad.
Es cuestión de voluntad política, social y económica, porque hay recursos para ello. Con lo que recaudará el Gobierno al evitar el fraude laboral o lo que deberían devolver las entidades bancarias a todos los ciudadanos de este país por su rescate obtendríamos una financiación más que suficiente para implementarlo. Pero es más, sólo por el ahorro que las arcas de la Seguridad Social tendrían en materia de incapacidad temporal de los trabajadores y trabajadoras que se podrían acoger a esta medida, habría fondos suficientes para sufragarla (hemos pedido al Ministerio de Trabajo que realice esos cálculos para demostrarlo).
Un primer paso en la buena dirección
El Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la Competitividad Económica de la Industria y el Comercio es una buena noticia por muchas razones: porque incluye la recuperación de la mayoría de las condiciones para acceder a la jubilación parcial a través del contrato de relevo anteriores a las reformas de los años 2011 y 2013, una de las múltiples medidas que viene reclamando UGT en los últimos años para reindustrializar la economía del país y generar empleo de calidad y con derechos, pero también porque es un paso importante hacia la reindustrialización del país.
Una de las principales reivindicaciones de UGT durante los últimos años viene siendo la necesidad de apoyar a la industria y la reindustrialización del país como elemento fundamental del cambio de modelo productivo necesario para el crecimiento de la economía española. Estamos convencidos de que el conjunto de la industria constituye la actividad que mayor solidez confiere a la economía, genera mayor volumen de puestos de trabajo estables y de calidad, y aporta mayor productividad y valor añadido. Por ello, potenciar el desarrollo de los distintos sectores industriales es una necesidad estratégica de nuestro país y una condición indispensable para generar crecimiento económico y empleo de calidad, contribuyendo al bienestar social.
Pero no es suficiente, y no se puede esperar más. Una buena medida, exigida por UGT durante muchos años, no puede quedar circunscrita al sector industrial manufacturero. El Gobierno debe negociar la universalización del contrato de relevo en la Mesa de Diálogo Social que tenemos abierta y alcanzar un acuerdo en el mes de enero que evite la discriminación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de este país.