Es posible, y necesaria, una política de control de precios progresista, que no castigue a la gente y a los salarios, estancados desde hace 12 años, y que no pare la recuperación y la transición ecológica de la economía.

La escalada inflacionista actual está alarmando a algunos economistas y políticos (antes de la guerra llegaba a un 7’5% en EEUU y 5,6% en la UE). Este incremento ha sido provocado especialmente por la evolución de los precios de la electricidad y los combustibles y, en menor medida, por los alimentos, y ha sido agravado por la guerra de Ucrania.

Ante estos datos, se comienzan a escuchar, desde diferentes instancias políticas y empresariales, opiniones que afirman la necesidad de aplicar las fracasadas políticas anti-inflacionistas clásicas: subir tipos de interés y bajar salarios, es decir, paralizar la economía. Sin embargo, estas medidas serían ineficaces para bajar los precios y muy perjudiciales para la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Debemos recordar la coyuntura actual: estamos saliendo de una pandemia, intentando asentar la recuperación económica tras dos graves crisis sucesivas, doce años de salarios estancados, fuertes recortes sociales y dividendos empresariales crecientes. Ante este panorama, no se pueden hacer las mismas políticas de las crisis de los años 70s-80s, impulsadas en EEUU por Carter y Reagan, que supusieron un grave fracaso en su momento y que solo pagaron los trabajadores y trabajadoras. Escoger entre estabilidad de precios o empleo fue un error histórico que no podemos repetir.

La incertidumbre actual sobre la deriva de la guerra y, por tanto, de la economía, es elevada. Pero sí sabemos lo que no se debe hacer, porque nos lo dicen los libros de economía y porque se ha demostrado en las décadas anteriores. Si la inflación tiene causas localizadas y conocidas y la economía no crece como debería, como es el caso actual, subir los tipos y retirar estímulos (como ha anunciado que comenzará a hacer en abril el BCE) no solucionará el problema a corto plazo, porque no ataca sus causas reales; y a largo plazo puede que sí reduzca los precios, pero a costa de deprimir tanto el consumo y la inversión que imposibilitará la necesaria transición ecológica y conducirá a la depresión económica, con la destrucción de millones de empleos. La sociedad, y el planeta, no se pueden permitir más años sin invertir en las personas y en el medio ambiente.

Nuestra propuesta, basada en la experiencia económica y enfocada en el progreso social, recoge medidas que se dirigen a combatir las causas del aumento de precios y mitigar su impacto: control selectivo de precios y de alquileres, ruptura de los oligopolios, reforma del injusto sistema de fijación de precios eléctricos, mayores impuestos a los grandes capitales y las rentas especulativas y extensión urgente de las redes de protección social y ayudas extraordinarias.

En definitiva, una política racional y progresista, que reparta los esfuerzos de manera justa y no perjudique a los salarios y al empleo. Porque en 2022 ya sabemos que cualquier política que suponga más paro y trabajadores más pobres no es necesaria; es, sencillamente, ineficaz e injusta. Ante situaciones nuevas del siglo XXI, no sirven recetas viejas del siglo XX.