Hace unos días hemos conocido el principio de acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox, en la Región de Murcia, para aprobar los Presupuestos Generales de esa Comunidad Autónoma para 2021, que incluye el compromiso, por parte de ambas formaciones, de recuperar el “Pin Parental”, como ellos le llaman (prefiero denominarlo “veto parental” o “Pin de Censura Educativa” porque se ajusta más a la realidad de lo que pretende). Este mecanismo tiene como objetivo impedir que los/las escolares puedan acudir a cualquier charla programada dentro del horario lectivo sin el permiso explícito de sus padres.

Recordemos que su aplicación en el año 2020 provocó un recurso del Ministerio de Educación contra las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación de Murcia. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de de esta región dio, en un primer momento, la razón al Ministerio, el proceso judicial fue archivado por “pérdida sobrevenida de objeto”, al haber concluido el curso académico. Al igual que entonces, el Gobierno central ha anunciado que recurrirá ahora la implantación del veto parental, y nuestro sindicato apoyará dicho recurso como ya lo hicimos el año pasado.

Además, esta comunidad no es la única donde Vox y la asociación Hazte Oir pretenden implantar esta herramienta de censura que será utilizada por los padres más conservadores para poder prohibir que su hijos asistan a cualquier actividad, taller o charla sobre “identidad y expresión de género”, “diversidad sexual y afectiva”, “diferentes modelos de familia”, etc.

UGT considera intolerable esta iniciativa que supone una imposición dirigida a socavar el derecho a la educación, pretendiendo condicionar los proyectos educativos de los centros docentes y su programación anual. Asimismo, no vamos a tolerar el ataque que algunas organizaciones y partidos políticos alejados de los principios constitucionales están dirigiendo al profesorado de los centros educativos.

Nuestro sindicato no se pondrá de perfil, rechazamos rotundamente el “Pin Parental”, o mejor dicho el Pin de Censura Educativa, que supone una injerencia en la labor que desarrollan los profesionales de la educación en los centros y que provoca un grave ataque al derecho del alumnado a una educación basada en su desarrollo integral y su libertad.