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La deuda social del amianto

El Estado es responsable de que centenares de miles de personas trabajadoras de nuestro país, y sus familiares, se hayan visto expuestas al amianto, un agente cancerígeno, y muchas han desarrollado esta enfermedad. Por eso el Estado tiene que crear un fondo de compensación para las víctimas. 

El asbesto, conocido popularmente como amianto, es un mineral de origen metamórfico compuesto de fibras de átomos de sílice y algunos metales como el magnesio, el manganeso o el hierro. Esta definición sacada de Wikipedia, parecería inofensiva si no fuera porque según la Organización Mundial de la Salud, el amianto es uno de los carcinógenos ocupacionales más importantes y provoca alrededor de la mitad de las muertes por cáncer profesional.

 

En España, desde mediados del siglo XX, millones de toneladas de amianto comercializadas principalmente bajo las marcas de uralita y fibrocemento, se instalaron en techos, tubos de conducción, contenedores de agua, y en infinidad de edificaciones y naves industriales hasta finales de los años 90, ignorando los indicios ya conocidos que demostraban el potencial altamente cancerígeno de sus fibras.

 

La peligrosidad de este material quedó clara en 1978, cuando el Parlamento Europeo declaró el amianto como sustancia cancerígena, y su uso fue prohibiéndose paulatinamente a partir de ese momento en la mayoría de los países desarrollados. En España, pese a las peticiones de sectores sanitarios para prohibir su utilización industrial a comienzos de los 80, tras detectar los primeros casos de exposición, tuvimos que esperar has el año 2002 para su prohibición definitiva. Durante este periodo, centenares de miles de personas trabajadoras de nuestro país, y sus familiares, se han visto expuestas a este agente cancerígeno. Incluso a día de hoy, encontramos situaciones de trabajadores y trabajadoras que siguen exponiéndose a este elemento, al tener que manipular materiales con amianto, que siguen instalados en edificios repartidos por todo el país.

 

Si bien es cierto que la legislación española reconoce al derecho de las personas trabajadoras afectadas a que se reconozca el origen laboral de sus dolencias y el acceso a las prestaciones asociadas a su declaración como enfermedad profesional, actualmente nos encontramos en la situación en la que muchas de las empresas donde se produjo la exposición no existen, lo que provoca una situación de indefensión avocada a litigios e incertidumbre.

 

La sociedad tiene una deuda pendiente con las víctimas del amianto y sus familias. Es el momento da saldar esta deuda con actuaciones claras y compromisos firmes y este martes, el Pleno del Congreso, tiene la oportunidad de saldarla si  apoya la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, que garantice la correspondiente compensación. Su creación es una reivindicación histórica de UGT, que ayudará, sin duda a que las víctimas del amianto y sus familias no tengan que luchar en los juzgados, durante años, para reclamar sus derechos, con el elevado coste económico y personal que esto implica y el riesgo de obtener sentencias con resultados dispares.

 

Hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios para que apoyen la tramitación de la creación del fondo de compensación para las víctimas de amianto. Esta legislatura ha de ser la de la creación del fondo. La sociedad no puede demorarlo más, y las personas afectadas y sus familias no pueden espera más, es de justicia.

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