En nuestro 43º Congreso Confederal, aprobamos de forma unánime sumar nuestros esfuerzos a la lucha por los derechos, la justicia social, la igualdad, la libertad y la dignidad del colectivo LGTBI. Así́, en nuestro Programa de Acción, exigimos “la aprobación de leyes, y sus desarrollos, del respeto a la identidad de género y a la diversidad afectivo sexual y familiar”, uniéndonos a las exigencias del movimiento LGTBI y de una amplia parte de la sociedad progresista de este país que entiende que es urgente mejorar las condiciones de vida de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales.

Estamos en un momento clave, en el que nos jugamos parte de nuestros derechos, con un discurso, que se ha introducido en las instituciones, que supone una regresión a un pasado cargado de represión contra las personas LGTBI y que se concreta en políticas discriminatorias en algunos estados de Europa, como Polonia y Hungría, donde se ha prohibido el cambio registral de la documentación de las personas trans o la formación en los centros educativos en respeto a la diversidad sexual, familiar y de género. Presenciamos la extensión de esa ola de extremismo en nuestro país, donde la ultraderecha exige un PIN parental, de censura educativa, y cuestiona derechos fundamentales en las instituciones políticas en las que obtiene representación.

Sin embargo, hoy tenemos una oportunidad histórica para conseguir un marco normativo que reconozca y defienda los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas que más sufren y que más viven la exclusión y situaciones de grave vulnerabilidad. Es el momento, ante el avance del apoyo social de la ultraderecha, de exigir al Gobierno que dé un paso al frente y legisle para proteger a quienes más lo necesitan. Un compromiso que la democracia española ha contraído con las personas LGTBI y que debe ser resuelta en la coyuntura política con un gobierno de coalición y de progreso.

La democracia española tiene una deuda con las personas trans. Aunque su situación mejoró con la aprobación de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, y ha ido cambiando sustancialmente con la aprobación de leyes autonómicas para el respeto de la identidad de género, nuestro Estado no puede seguir tratándolas como personas enfermas, ni tutelando el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho constitucional reconocido en el artículo 10 de la Constitución. La despatologización de las identidades trans y la autodeterminación del género deben garantizarse para que el acceso sea libre y sin la concurrencia de terceros.

Por último, es necesario impulsar la aprobación de leyes que obliguen a las empresas a combatir el odio y la violencia y generar espacios laborales inclusivos, de forma que los centros de trabajo no sean lugares de exclusión para las personas LGTBI, así como de normas que sirvan para para mejorar las condiciones sociales y de vida de las miles de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales que cada día sufren en acoso y la violencia.