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La energía sube, se requieren soluciones inmediatas

La subida de los precios de la energía en el mercado minorista, el de las personas que consumen energía, ha sido brutal en los últimos meses. Es cierto que se debe en parte a causas externas y globales, pero se han alcanzado cotas prohibitivas para una gran parte de las personas de este país.

El mercado mayorista ha sufrido en toda Europa un gran incremento de precios debido a la subida del precio de las costumbres fósiles (sobre todo el gas), y también al incremento del precio del pago de los derechos por emisiones CO2. Y todo ello motivado por una demanda mayor de esas fuentes contaminantes para la producción de energía, fundamentalmente la producida por las centrales de ciclo combinado, dado que la energía renovable no es aun capaz de abastecer por si misma las necesidades del mercado. Influye en esta subida generalizada también el sistema marginalista europeo de fijación de precios que supone, muy simplificadamente, pagar el precio de toda la energía ofertada en el día a la más cara y última acogida (habitualmente la que proviene de combustibles fósiles), con lo que se prima la producción de energías renovables cuya oferta inicial ha sido de menor precio.

 

Sin embargo, el propio Banco de España en un informe reciente reconoce que en España las repercusiones han sido mucho mayores en el mercado minorista que en otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, donde casi no ha existido repercusión para el consumidor. Además, ha señalado que en nuestro país el encarecimiento de los precios de la electricidad habría explicado cerca de una tercera parte del aumento de la tasa interanual del índice armonizado de precios de consumo entre diciembre de 2020 y junio de 2021.  Según los datos del INE, los precios de la electricidad se han incrementado de julio del 2020 a julio del 2021 en más de un 26%, y eso incluyendo la bajada de los tipos del IVA y sin referencia a las últimas subidas de agosto.

 

Y es que, para gran parte del consumidor español, unos diez millones que se encuentran acogidos al PVPC o precio para el pequeño consumidor, se trasladan directamente las fluctuaciones de un mercado al alza a su bolsillo, a su factura de la luz. Y todo ello, con las nefastas consecuencias para su capacidad adquisitiva y calidad de vida.

 

Frente a esta situación, no cabe quedarse sentado y no hacer nada, esperando tiempos supuestamente mejores. El Gobierno está obligado a tomar medidas. Acelerar la transición energética hacia las renovables (eólica, solar, hidrogeno, etc.). Es una decisión estratégica de país que limita nuestra dependencia y nos puede situar en una posición mundial de referencia con consecuencias muy positivas en el ámbito del precio de la energía. Eso sí, tomando las medidas que hemos reclamado desde siempre, que supongan no dejar a nadie atrás tanto a personas como territorios.

 

Pero no basta con eso. Con carácter inmediato, hay que activar una respuesta social y completa propia de un Estado Social y Democrático. El bono social para aquellos que no pueden hacer frente a las necesidades de un consumo ya de mínimos vitales. Prohibir a las compañías eléctricas y gasistas el corte de la energía a aquellas personas que, por su situación económica, no puedan transitoriamente pagar su factura. O la importancia de subir el SMI como instrumento indispensable para no dejar a las personas de la clase trabajadora más vulnerable a merced de una subida de precios incontrolable.

 

Además, el replanteamiento del sistema de precios minorista con el fin de evitar movimientos especulativos que, como los propios especialistas señalan, también está detrás de estas subidas descontroladas de precios. Y, por qué no, la creación, o más bien la recuperación, de una compañía eléctrica pública, no concebida como una especie de sumidero de las perdidas e infraestructuras obsoletas de otras, sino como un instrumento esencial para eliminar los juegos especulativos en un ámbito que no debe existir.

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