Ayer, UGT y CCOO hemos defendido en el Parlamento la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular por una Prestación de Ingresos Mínimos de la que somos artífices. Una propuesta sindical que pretende rescatar a más de 2.200.000 personas de la exclusión social, razón más que suficiente para que el Congreso de los Diputados no diga NO a su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Evidentemente la palabra exclusión, no es políticamente correcta, en una sociedad donde todo debe ser inclusivo, incorporado, comprensivo y solidario. Pero la propia sociedad, el sistema actual de protección social, el resquebrajamiento del mercado laboral propiciado sin duda alguna por la enorme crisis sufrida y la medicina empleada de la reforma laboral, ha excluido a una parte muy grande de trabajadores y trabajadoras de la sociedad y del mercado de trabajo, abocando a una vulnerabilidad social sin precedentes y haciendo esta situación crónica para amplios segmentos de la sociedad.
¿Pero qué pasa con los 3, 5 millones de ciudadanas y ciudadanos de este país viven con menos de 333 euros al mes; con el 1.800.000 personas que se encuentran en desempleo desde hace más de 2 años; con aquellos 666.600 hogares sin ningún tipo de ingreso en el año 2016? ¿Qué protección reciben las personas trabajadoras en desempleo que han agotado todas sus prestaciones sociales y no disponen de ningún tipo de recurso?
No cabe duda que ha cambiado el perfil de la pobreza, donde los grupos tradicionalmente más vulnerables se han extendido a otras categorías, donde las tasas de desempleo tan elevadas nos conducen al riesgo de cronificación del desempleo. El actual sistema de protección social no ofrece ningún tipo de cobertura ni protección a las nuevas situaciones, no se está dando la respuesta adecuada a la evolución de las necesidades sociales y económicas. Y las rentas mínimas de inserción dispensadas por las administraciones autonómicas son el último recurso de supervivencia que forma parte de un proceso de inclusión fundamentalmente social y que se configura como una escasa y desigual red de protección, que resulta incompleta ya que no ampara a todos aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de exclusión social.
Al Estado le corresponde, intervenir en la economía con el objetivo de garantizar la protección a las personas frente al riesgo de pérdida o carencia de ingresos, a través de nuestro sistema de la Seguridad Social, que se establece como un instrumento de prevención de la pobreza. Existe una obligación social, que exige ampliar y completar los sistemas de protección social y seguridad económica, y explica la necesidad de crear un modelo que implique la garantía de ingresos mínimos a todo individuo carente de recursos.
La corrección de estas situaciones debe ser una prioridad para la Administración General del Estado, procurando y asegurando una intervención pública en la cobertura y prestación de servicios y garantías esenciales. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener garantizada una adecuada protección social pública. Para ello en este momento se hace imprescindible adecuarnos jurídica, política y socialmente a la nueva realidad social que nos encontramos.
UGT, con la presentación de esta Iniciativa Legislativa Popular, pretende la creación de una nueva prestación que amplía la acción protectora de la Seguridad Social. La Prestación de Ingresos Mínimos, está destinada a garantizar unos ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender las necesidades más esenciales a las personas que, con disponibilidad para trabajar, carecen de empleo y de unos recursos económicos mínimos para sí y, en su caso, para los familiares a su cargo y a quienes los actuales instrumentos de protección social no dan respuesta. Una prestación de derecho subjetivo del Sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que garantice unos mínimos recursos ante situaciones de necesidad.
Hagamos de la necesidad virtud, hagamos que la necesidad de millones de ciudadanos que en estos momentos no tiene recursos sirva para dotar de un sistema de protección social actual, completo y que no arrastre a los ciudadanos a la pobreza más severa para intentar rescatarlos.
