El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del que los agentes sociales no tienen más información que la que han trasladado los medios de comunicación. Sin duda la primera cuestión a destacar y criticar es precisamente esa: de manera insólita, el Gobierno no ha convocado a los agentes sociales para informarles de sus proyectos y recabar su opinión, en una actitud despótica que seguramente responde a su prioridad de conseguir apoyos parlamentarios antes que apoyos sociales. Y no creo que su voluntad y sus corsés parlamentarios le permitan cambiar el rumbo de los mismos hacia unos presupuestos más sociales.
Y tengo pocos elementos de juicio para calificar estos presupuestos, porque, como ya he dicho, los conozco por los medios de comunicación. Pero puedo adelantar su carácter antisocial a la vista de partidas como las que afectan a la revalorización de las pensiones, que subirán un ridículo 0,25% este año mientras vemos que la inflación llegó al 3% en enero y febrero y de habrá situado en el 2,3% en marzo, condenando a los pensionistas a situarse un poco más en la pobreza; o la partida relativa a los salarios de los empleados públicos, que se incrementarán en un 1%, condenándoles a perder poder adquisitivo o un año más.
Unas partidas absolutamente injustas e injustificadas a la vista del propio cuadro macroeconómico que maneja el gobierno, con un crecimiento económico del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,5%.
El Gobierno además afirma que con estos presupuestos va a conseguir crear 500.000 puestos de trabajo en términos de Encuesta de Población Activa (EPA). Pero tenemos que presumir que la calidad del empleo, la temporalidad, la rotación, los bajos salarios, etc., será la tónica habitual de los mismos, porque seguirán basándose en una reforma laboral impuesta que abarata y facilita el despido y que precariza la contratación y las condiciones laborales.
Por eso, y como ya he anunciado, UGT comenzará inmediatamente a mantener reuniones con los grupos parlamentarios para lograr que la mayoría de los diputados apoyen modificaciones en esos presupuestos para convertirlos en más sociales, más justos, y más solidarios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el empleo de los trabajadores y trabajadoras, y ayudar a millones de personas a salir de la exclusión social.
Es el momento de recuperar a las personas y no vamos a renunciar a ello
