El modelo de relaciones laborales impuesto por el Gobierno del PP, con sus políticas de austeridad y su reforma laboral, puede decirse que ha derivado hacia la flexiprecariedad, porque ha roto los equilibrios entre flexibilidad y seguridad y ha fomentado el empleo precario y sin derechos, los bajos salarios y la desigualdad. Además, ha vulnerado normas comunitarias e internacionales.
A pesar de esta política, que ha roto los equilibrios entre las organizaciones sindicales y las empresariales, de nuevo los interlocutores sociales seguimos y seguiremos luchando por crear las mejores condiciones en las empresas para propiciar una mayor creación de empleo de calidad, estable y con derechos.
Las reformas laborales se han sucedido sin abordar un cambio de modelo productivo y la balanza de las relaciones laborales se ha inclinado hacia el empresario, que ha basado su competitividad en el abaratamiento de los costes laborales y en los contratos precarios y sin derechos. Una situación que se ha agravado en el caso del Gobierno del PP.
El fracaso de sus políticas para crear de empleo, y de manera en el caso de los jóvenes (la mitad de ellos en paro), la escasa voluntad de potenciar las políticas activas de empleo para que facilitaran el acceso al empleo –solo unos 100.000 de los 400.000 potenciales beneficiarios han accedido al Plan de Activación por el empleo- y la formación de los desempleados (4.000.000 de trabajadores se ha dejado sin formar este año desde la reforma) y el ataque a la negociación colectiva que ha provocado un aumento de la desigualdad constituyen algunos de los elementos sobre los que se ha erigido este modelo.
¿Y cuáles son las consecuencias? Más de cuatro millones de parados, una tasa de temporalidad del 25%, más del 57% de parados llevan más de un año buscando empleo, o una tasa de cobertura bajo mínimos, que no alcanza a la mitad de los desempleados y los que el 60% de los que reciben una prestación es de carácter asistencial. Fue el PP el que redujo en tiempo y cuantía las prestaciones contributivas por desempleo, desamparando a aún más a los trabajadores que tuvieron la desgracia de perder su empleo. A esto hay que añadir que tenemos más de 700.000 hogares que no tienen ningún ingreso y 1.610.000 tienen a todos sus miembros en paro.
Pero los efectos de una reforma laboral que facilita el despido también se producen entre los que encuentran o tienen empleo: más del 30% de los contratos que se generan tienen una duración inferior a siete días, incluso en sectores tradicionalmente estables y no estacionales como la industria; 9 de cada diez contratos que se realizan son temporales, pero sólo el 5% de los indefinidos son a tiempo completo; y el 60% de los contratados a tiempo parcial afirman que no desean ese tipo de contratos, y todos intuimos la gran bolsa de fraude que envuelve a esta modalidad de contratación por la que contratan a tiempo parcial para trabajar a tiempo completo. Y además se han devaluado los salarios en más de una cuarta parte mientras se disparan los accidentes laborales sin baja, dos síntomas del miedo a perder el empleo y aceptar lo que haga falta sabedores del privilegio de tener un empleo.
Porque, como decía antes, hay que recordar que otra de las implicaciones de la reforma laboral es que facilita el despido, que el empresario no necesita tener una autorización administrativa previa para realizar un expediente colectivo, que le basta argumentar previsiones o estimaciones de pérdidas o incluso de caídas de ingresos, que bajo la excusa de cambios organizativos o de producción se esconden argucias fáciles para realizar despidos, que además son más baratos.
¿Es ésta la tan publicitada recuperación a la que están abocados los trabajadores y las trabajadoras de este país? ¿Trabajar sin perspectivas de futuro, trabajar en la pobreza para seguir siendo pobres? ¿Es este el tan ansiado modelo danés de flexiseguridad al que teníamos que aspirar? Seguro que no hay un solo danés que pueda identificarse con este modelo español de flexiprecariedad.
Es por esto que es necesario reequiibrar la balanza de las relaciones laborales, derogar las reformas laborales que nos han llevado a esta situación y poner fin a las políticas de recorte que con el pretexto de ajustar la economía –sin conseguir sus objetivos de cumplimiento de déficit por ejemplo- han reducido derechos y empeorado las condiciones de vida de los ciudadanos.
A pesar de esta política, que ha roto los equilibrios entre las organizaciones sindicales y las empresariales, desde la Unión General de Trabajadores vamos a luchar por una concertación social que genere las mejores condiciones para propiciar una mayor creación de empleo de calidad, estable y con derechos. Pero ya advierto que no vamos negociar por negociar. El diálogo no es un valor en si mismo. No nos vamos a sentar para negociar ningún recorte más de los derechos de los trabajadores.
Es urgente y necesario acometer un plan de choque por el empleo, aumentar la cobertura a los desempleados, ampliando el Plan de Activación por el empleo; recuperar el contrato relevo como fórmula para facilitar empleo a los jóvenes; tender un puente para la jubilación a los desempleados mayores de 55 años y el desarrollo de una estrategia de Estado de politica industrial que apueste por la reindustrialización del tejido productivo español y que convierta a la industria en el motor de la economía y la generación de empleo.
Solo con un cambio efectivo de políticas será posible romper el modelo y recuperar empleo estable, salarios y derechos.
