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El futuro del trabajo

Las plataformas digitales necesitan ser reguladas urgentemente; no podemos permitirnos perder más tiempo con bloqueos

El Ministerio de Trabajo prometió que la ‘Ley Rider’ que habrá de regular las plataformas digitales, estaría lista antes de acabar 2020. Bien, estamos a finales de enero, y la negociación entre los sindicatos, el Gobierno y la patronal lleva bloqueada más de dos meses, como pudimos comprobar en la reunión del pasado miércoles.

 

Las razones para la negativa a la regulación de los trabajadores al servicio de plataformas digitales no pueden estar más claras: Abrir un boquete en la regulación laboral, abandonando a la desregularización y a la precariedad a una parte importante de los nuevos empleos y de paso ahorrándose decenas de millones de euros en cotizaciones. La presión de los lobbies de la empresas digitales juega un papel muy importante.

 

Miles de falsos autónomos

La situación de los denominados ‘riders’, miles de trabajadores que reparten a domicilio para empresas como GLOVO, DELIVEROO, etc., no puede ser más clara. Como ha reseñado el Tribunal Supremo son personas trabajadoras plenamente integradas en la estructura de las plataformas digitales a quienes anuncian y son objeto de supervisión y control exhaustivo por éstas. Pese a la ingeniería jurídica montada por despachos y empresas la realidad no es sino la una persona repartiendo a la largo de las calles de las grandes ciudades paquetes, con unos medios precarios que en gran parte son adquiridos con un “préstamo” de la empresa cuya cuantía irán devolviendo mediante descuentos en sus retribuciones.

 

El Gobierno asegura que la próxima reunión será la última, dándonos a los agentes sociales la potestad de aceptar o rechazar la propuesta que nos llegue del Gobierno.

 

Mientras tanto, algunas de estas empresas han amenazado con abandonar el país si se obliga legalmente a poner en plantilla a sus repartidores, elevando a norma el criterio judicial. Desde UGT exigimos una solución inmediata a esta situación que impida más juegos de artificio e ingeniería jurídica para apartar a las personas trabajadoras de su relación natural: el contrato de trabajo por cuenta ajena.

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