971 mujeres han sido asesinadas desde 2003; se han registrado 13.057 violaciones de niñas y mujeres entre 2008 y 2017; y 1.532.662 denuncias han sido presentadas por violencia de género desde el año 2007. Son solo algunas cifras que reflejan un drama incesante. Los números sirven para llevar la cuenta e incluso para darnos cuenta de la magnitud de esta situación, pero, como no me canso de decir, tras cada dígito hay una persona, una persona que sufre. Y que debe hacernos reflexionar acerca de las miles de mujeres (y sus hijos) que sufren en silencio su drama, presas del terror psicológico y físico. Atrapadas en el horror cotidiano en que se ha convertido sus vidas.
Pero también significan nuestro fracaso como sociedad, como sistema, como estado de derecho. Y es un fracaso de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos, de nuestros valores y de nuestra educación. Una cifras alarmantes e insoportables que suponen una quiebra del sistema democrático y el fracaso de las políticas para poner freno a todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres. Un fracaso que parte de las estructuras más esenciales de nuestro estado de bienestar: el agravamiento de los factores de la violencia estructural como consecuencia directa de la existencia y persistencia de los estereotipos sexistas en nuestra sociedad, la ausencia de políticas educativas igualitarias, la precariedad laboral, así como la insuficiencia de recursos públicos destinados a la prevención, protección y atención a las víctimas.
Hoy, Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, debo manifestar, una vez más, con contundencia y claridad absoluta mi rechazo y el del sindicato que dirijo a la violencia machista e insistir, en que es la manifestación más brutal de la discriminación entre mujeres y hombres y una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Medidas urgentes
Pero con eso no basta. Mi sindicato está absolutamente decidido a aportar todo de nuestra parte para contribuir a acabar con este drama, comenzando por nuestro ámbito más propio y natural que es el laboral.
Es necesario reforzar la acción sindical, la formación y la sensibilización para alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, potenciar la negociación colectiva, con medidas de acción positiva y planes de igualdad para difundir y mejorar los derechos laborales y la igualdad de oportunidades, así como la colaboración y actuación con otras organizaciones como las administraciones públicas, asociaciones de mujeres, etc., para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.
Exigimos una vez más la implementación inmediata de medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en 2017 y además, instar al Gobierno a activar todos los mecanismos y recursos necesarios para mejorar la protección y tutela jurídica e institucional de las víctimas y la aplicación del Convenio de Estambul que establece un marco internacional de prevención y protección de las mujeres y menores víctimas, y ampliar el concepto de violencia de género a todas las violencias machistas: violencia sexual, laboral, institucional, el acoso sexual y otras violencias no infligidas por la pareja o expareja. Y también exigimos reparación y justicia para las víctimas.
Pero además, porque es patente a la vista de algunas sentencias, exigimos al poder judicial que se preocupe y se ocupe de formar a jueces y magistrados que manifiestan desconocimiento y falta de sensibilidad hacia el gravísimo problema de la violencia contra las mujeres.
Nos negamos a creer que este es un drama sin solución.
⇒UGT dice NO a la violencia de género
