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Cuando es más fácil rescatar autopistas que a personas

Desde el 1 de enero los casi 9,5 millones de pensionistas que hay en nuestro país verán incrementadas sus rentas de jubilación un 0,25%, el mínimo fijado por la ley de pensiones aprobada unilateralmente en 2013 por el Gobierno del Partido Popular desde su entonces mayoría absoluta. Tras este escalofriante incremento, la pensión máxima de jubilación llegará a 2.567 euros (solo la cobran 232.643 pensionistas) al mes y la mínima a 636 euros mensuales. Los pensionistas tampoco tendrán la paga para compensar la desviación del IPC porque la ley del Partido Popular no prevé la compensación por la desviación de precios.

Y todo esto porque el Consejo de Ministros ha tomado hoy la decisión oficial de revalorizar un 0,25% las pensiones para 2017, acogiéndose a una ley que impuso desde la mayoría absoluta, muy lejos de la previsión de inflación del 1,2% y de la propuesta de UGT y CCOO en ese sentido, articulada mediante una Proposición de Ley de todos los grupos parlamentarios menos el Partido Popular, y que éste se encargó de bloquear mediante una artimaña parlamentaria. De esta manera, el Gobierno condena a los pensionistas a perder poder adquisitivo una vez más. Pérdida que notarán desde este mismo mes de diciembre, en el que los precios subieron un 1,5%.

El argumento del PP para no aceptar esta propuesta es su coste económico. ¿Sabes cuánto vale revalorizar las pensiones un 1,2% como proponen UGT y CCOO y como apoyan todos los grupos parlamentarios salgo el Partido Popular? Unos 1.200 millones de euros. ¿Sabés cuánto costará a la Seguridad Social la revalorización del 0,25% aprobada por el Gobierno? 272 millones de euros. Y puede que pienses a la vista de diferencia que a lo mejor está justificada la medida. Pero todo es relativo. ¿Sabes cuánto nos costará a todos los españoles rescatar de la quiebra las autopistas de peajes radiales de Madrid? Unos 2.000 millones según el Gobierno y unos 5.000 millones según Seopan, la patronal de las grandes constructoras. Parece que, una vez más, para el Gobierno es más fácil recatar autopistas que a personas. Y digo una vez más porque hay que recordar casos como los 1.350,7 millones que el Ejecutivo pagó a ACS en compensación por la plataforma gasista Castor, o los 51.303 millones (oficiales) que inyectó a los bancos y de los que solo ha recuperado 2.666 millones y que ya presume que difícilmente podrá recuperar miles de ellos.

Pero para que seamos conscientes del alcance de la medida del Gobierno, voy a desgranar su incidencia:
Desde pasado mañana, los pensionistas españoles ganarán cada mes de 2017 la friolera de 2,62 euros más de media, aunque la mayoría cobrarán 1,62 euros de media más al mes porque la pensión más habitual que se sitúa en 650 euros.

Una subida escalofriante (por lo raquítica) si además tenemos en cuenta que más de la mitad de lo pensionistas, casi cinco millones de personas, cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, menos de los 707,6 euros aprobados este mes en el Consejo de Ministros para 2017. De ellos, 1,9 millones (dos de cada diez pensionistas) percibe entre 600 y 655,2 euros. Otro millón de pensionistas (uno de cada diez) cobran incluso menos.

Entre los que cobran pensiones por debajo del salario mínimo, siete de cada diez son mujeres (más de tres millones), y tres de cada diez son hombres (un millón y medio), lo que se explica por las pensiones de viudedad, percibidas casi en su totalidad por mujeres.

Siete de cada diez pensionistas, seis millones y medio, cobran menos de mil euros. Unos setecientos mil pensionistas (no llega a uno de cada diez) cobra por encima de los dos mil euros, mientras que los que perciben entre los mil y los dos mil euros son dos millones de pensionistas, es decir, dos de cada diez.

Con la revalorización aprobada en el día de hoy, el Ejecutivo muestra la escasa consideración que tiene hacia los pensionistas de nuestro país y reafirma su modelo público, basado en un sistema de pensiones cada vez más reducidas, que nos conduce a un sistema de pensiones mínimas, en el que los trabajadores que se jubilen serán cada vez más pobres, que no podrán mantener su nivel de vida, pero sí abre negocio a los fondos privados de pensiones. Eso si tienen dinero para costear uno, porque con la precariedad laboral y los salarios de miseria que padecen los trabajadores españoles, lo veo muy difícil.

El Gobierno ha mentido a nuestros pensionistas, asegurándoles la ganancia de poder adquisitivo cuando no va a ser así. Ha presumido de que la tasa de pobreza de los pensionistas era muy baja, cuando ha sido gracias a la caída del umbral por la crisis y a la política del aumento de las pensiones mínimas del Gobierno anterior. Y, en cuanto ha tenido la primera oportunidad, el primer año de subida de inflación, hace que los pensionistas pierdan poder de compra.

Pero el sindicato no lo va a permitir. El Real Decreto aprobado hoy no tiene que ser convalidado en las Cortes. Pero recuerda que es allí donde el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente. Por ello, UGT ya se ha reunido y mantendrá los contactos con los grupos parlamentarios con el fin de que promuevan iniciativas que modifiquen al alza esta revalorización, se negocie un aumento real de las pensiones y se asegure la viabilidad del sistema. Por eso, va a promover con los partidos una proposición no de ley para que se debata en el Congreso la revalorización y la sostenibilidad de las pensiones.

Un Gobierno que apela siempre al diálogo social, pero en una de las primeras cuestiones importantes que ha tenido que tratar en la nueva Legislatura se ha negado ni siquiera a estudiar propuesta de los sindicatos, no nos ha dado explicaciones, no reconoce las necesidades de los pensionistas y tampoco argumenta la negativa a esta revalorización. Este es el nuevo Gobierno.

Si el Gobierno no quiere contar con el Pacto de Toledo y con el diálogo social es su problema, pero su deber es cuidar y gestionar adecuadamente el sistema de pensiones, y eso no incluye ni los recortes ni el desmantelamiento del mismo.

Aunque ha demostrado que no quiere negociar, UGT va a seguir planteando propuestas que son justas y razonables para nuestros pensionistas. Y si el Gobierno las rechaza, quedará en evidencia no solo delante de los grupos políticos, sino delante de toda la sociedad, que le lleva exigiendo desde el 20 de diciembre de 2015 un cambio radical en sus políticas.

Insisto, el gasto no es un problema para revalorizar las pensiones por encima de la inflación. Si hay dinero para rescatar las autopistas, que han supuesto un repago para la población, tiene que haber dinero para pagar las pensiones. Lo que en realidad pretende este Ejecutivo es disminuir tanto las pensiones públicas que las personas tengan que ir a los fondos privados para asegurar su futuro. Y UGT, en la medida de sus posibilidades, lo va a impedir.

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