El Estado de bienestar no se financia solo, y para su sostenimiento y fortalecimiento se debe exigir más impuestos a los que más tienen.
El pasado domingo día 11 de julio, las 20 economías más fuertes del mundo aprobaron, en Venecia, un acuerdo crucial de armonización fiscal, ratificando el pacto alcanzado la semana anterior por más de 130 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este importantísimo compromiso fiscal establece un impuesto global de sociedades de al menos un 15%, un acuerdo «histórico para lograr una arquitectura fiscal internacional más estable y justa”, según el propio comunicado final de la cita.
Efectivamente, nos encontramos con un acuerdo histórico porque por primera vez tenemos reglas para las grandes empresas en todo el mundo, con la mirada puesta, sobre todo, en las multinacionales tecnológicas como Google o Amazon, que deberían pagar sus impuestos donde realicen sus actividades independientemente de donde tengan sus sedes.
Sin embargo, el pacto final todavía no está resuelto del todo, el “sí” definitivo debe darse en la cumbre de octubre que tendrá lugar en Roma y hay países, como Irlanda, Hungría o Estonia, reticentes debido a sus propias políticas fiscales.
Esperemos que llegue la cordura y la buena noticia se concrete en un acuerdo necesario que abra el camino a luchar más contra las desigualdades fiscales y sociales, ya que este acuerdo plasma la idea de que todos tenemos que contribuir de forma solidaria al bien común, sobre todo los que más tienen, aunque, en ocasiones, no quieran. El Estado de bienestar no se financia solo, y para su sostenimiento y fortalecimiento se debe exigir más impuestos a los que más riqueza poseen y a los que más beneficio obtienen.