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Uno de Mayo: aprender de las enseñanzas del COVID-19

Como un macabro juego de la oca, nuestra economía ha vuelto a caer en la casilla de crisis para así contar unas cuantas casillas, años, hacia atrás. Os comparto mi artículo escrito en El Economista:

Los principales organismos de predicción estiman un retroceso del PIB en nuestro país en el entorno de un 8-10% en 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria, económica y social derivada de la Covid-19. Ante este escenario, conviene reflexionar sobre cómo se gestionó la pasada crisis económica y en qué punto se sitúan las empresas y los trabajadores para afrontar los nuevos desafíos a corto y medio plazo, a fin de evitar nuevos errores y agravar la precaria recuperación de estos últimos.

 

La salida de la crisis anterior se fraguó sobre las espaldas de la clase trabajadora y de las personas más desfavorecidas. Las cifras son de tal contundencia que asombran. Se perdieron 3,5 millones de empleos hasta que en 2014 comenzó la recuperación económica. Aún no hemos recuperado el nivel de empleo de 2007. De 2008 a 2013, la masa salarial se redujo en un 14%, mientras que los beneficios empresariales lo hicieron solo un 5%. El nivel salarial global de 2008 no se recuperó hasta 2018, mostrando un desfase temporal respecto a los beneficios empresariales, que en 2016 ya alcanzaron los niveles previos a la crisis.

 

En conjunto, de 2008 a 2019, los trabajadores y las trabajadoras han perdido 2,3 puntos sobre la Renta Nacional en favor de los beneficios empresariales. Las sociedades no financieras han seguido repartiendo cuantiosos dividendos, incrementándose especialmente a partir de 2015. En 2019, se ha alcanzado el nivel más elevado desde 2008, distribuyendo hasta un 30% más de dividendos que en ese año, casi 10 puntos más si lo medimos respecto al beneficio neto de estas empresas. Por el contrario, la renta disponible de los hogares ha sufrido en España la cuarta mayor caída de la UE en el periodo de 2009 a 2018 (-2,7%) y el decil de la población con menores ingresos sufrió un recorte del 24% de sus salarios reales entre 2008 y 2013; y de un 14,4% si englobamos todo el periodo (2008-2018).

 

Es, sin duda, positivo que nuestras empresas tengan un menor apalancamiento financiero, que estén más saneadas para afrontar esta crisis. Pero lo que es obvio es que las personas trabajadoras se encuentran en peor situación hoy que ayer para afrontar el tsunami que se nos viene encima. En este sentido, entendemos que los mecanismos ahora difieren mucho, afortunadamente, de los que se utilizaron en la etapa anterior. Las medidas de inyección de liquidez, ayudas a las empresas y extensión de los Ertes deben contribuir decisivamente a evitar la destrucción masiva de empleo y un nuevo hundimiento estructural de los salarios. Y estas medidas deben complementarse con una actuación más solidaria de las grandes empresas, ajustando sus márgenes de beneficios y eliminando temporalmente el reparto de dividendos. Entendemos que el camino iniciado es el adecuado, pero falta aún mucho por hacer. Se precisa de un fuerte impulso de gasto para sostener el consumo de los hogares, el principal motor del crecimiento. Para financiar todas las medidas económicas que se tomen, además de una aportación extraordinaria proveniente de las instituciones europeas, será necesario transformar el sistema fiscal, redistribuyendo la carga de manera más progresiva y creando nuevas figuras impositivas que graven más las grandes fortunas y el capital especulativo. Y sobre todo, ese sueño que no puede romperse, La Unión Europea, deberá adoptar medidas de ayuda económica y financiación cuya devolución no se convierta en una losa insalvable que impida la realización de las políticas que son necesarias.

 

Una lectura complementaria de la experiencia de la crisis anterior y de la actual nos enseña importantes lecciones: que el marco de precariedad laboral carece de sentido cuando existen instrumentos con la flexibilidad suficiente para acometer las medidas de ajuste temporales necesarias; que el marco jurídico laboral debe ser modificado para impedir que el despido sea un instrumento que se situé a nivel de paridad con aquellos que impiden la destrucción del tejido productivo y de empleo; que la protección de las personas es imprescindible para evitar hundir el consumo y elevar la pobreza; que otro modelo es necesario cuando nuestro entramado industrial carece del peso necesario para responder ante situaciones de crisis y nuestra economía descansa en sectores que se derrumban como un castillo de naipes ante un embate; que los servicios públicos son imprescindibles siempre, pero más ante el futuro plagado de incertidumbres que nos aguarda; que estamos en manos de una competencia salvaje en el ámbito de sectores estratégicos. Todas estas lecciones no pueden caer en saco roto. Sería irresponsable no tomar las decisiones políticas pertinentes a partir de estas enseñanzas.

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