El próximo 28 de abril se celebrarán elecciones generales en nuestro país, y no son unas elecciones cualesquiera. Porque ¿en qué situación nos encontramos los ciudadanos y ciudadanas a la hora de afrontar estos comicios y qué podemos esperar de sus resultados?
Se ha consolidado la situación de crecimiento de la economía española, que comenzó en 2014. Cinco años de expansión de la actividad (los tres últimos por encima del 3%) y también de creación de empleo y mejora de la posición fiscal y financiera de nuestro país. Todo ello es positivo, y se ha logrado esencialmente gracias al esfuerzo de la clase trabajadora, que hemos soportado un durísimo ajuste de 2008 a 2013, al que hemos respondido con una responsabilidad solidaria y con un esfuerzo colectivo ejemplares.
Ahora, la economía va bien, pero solo para una minoría, porque las familias trabajadoras vemos cómo la recuperación no nos llega. El PIB crece, y las empresas no solo obtienen beneficios superiores a los de antes de la crisis, sino que los aumentan a un ritmo récord; pero se niegan a trasladar esa situación de bonanza a las trabajadoras y a los trabajadores, que seguimos sin percibir una mejora de calidad de vida.
Pero no sólo se nos está negando lo que es nuestro, porque es nuestro trabajo el que está generando los beneficios de las empresas. Muy al contrario. La precariedad laboral, en todas sus facetas, no deja de crecer, y los salarios no suben suficientemente, tras caer drásticamente desde 2009. La desigualdad y la pobreza han crecido hasta situar a España a la cabeza de Europa en tan deshonroso ranking, afectando de manera especialmente grave a la infancia. De hecho, España se sitúa entre los nueve países de la Unión Europea donde sus trabajadores y trabajadoras se encuentran aún en una situación peor que antes de la crisis. La protección de las prestaciones y servicios públicos esenciales no deja de reducirse, pervirtiendo las bases de nuestro estado de bienestar.
Un país precario
Aunque mejora el empleo en términos cuantitativos, seguimos teniendo la segunda mayor tasa de paro de toda la UE (tras Grecia), más del doble de la media de la zona. Son más de 3 millones de personas, y la mitad llevan más de un año buscando empleo y casi 6 de cada 10 no cobran ninguna prestación. La mitad de los jóvenes está en el desempleo, 700.000 familias no tienen ningún tipo de ingreso, más de un millón hogares tiene a todos sus miembros en paro. Y cualitativamente, el empleo no mejora, la precariedad laboral es también muy elevada, y está creciendo: uno de cada cuatro asalariados tiene un contrato temporal, y también uno de cada cuatro contratos temporales dura menos de una semana; la contratación a tiempo parcial es esencialmente involuntaria, y aumentan las nuevas formas de prestación de servicios aún más desprotegidas: empresas de multiservicios, plataformas digitales, etc.
Tener un trabajo ya no es sinónimo de no ser pobre, de vivir dignamente. El empleo ya no saca a las personas de la pobreza: Eurostat dice que el 26,6% de la población en nuestro país sigue estando en situación de pobreza o exclusión social, el 31% de los menores de 16 años. Uno de cada tres españoles asalariados tiene ingresos anuales menores del SMI y 3,6 millones de españoles vive con menos de la mitad del salario mínimo, mientras año a año los salarios han perdido valor y aún se niegan a los trabajadores aumentos salariales significativos y se pone en duda la necesidad de que crezca el salario mínimo interprofesional.
Sin olvidar dos cuestiones absolutamente acuciantes e injustas: que dos personas mueren cada día laborable en accidentes de trabajo y que un millón de trabajadores y trabajadoras se han accidentado en 2018; y que en España la brecha salarial es del 14,2%, según Eurostat, y triplicamos las tasas de Italia, Rumanía y Luxemburgo, por lo que las trabajadoras españolas de media tendrían que trabajar dos meses más al año para ganar el mismo salario que sus compañeros en las mismas condiciones laborales.
Injusticia social
En un Estado en el que los trabajadores tienen derechos diferentes en función de si su contrato es temporal o indefinido, en el que el currículum académico ya no te garantiza el acceso a estudios universitarios salvo que tu familia tenga dinero para costearlos; el que la justicia ya no es igual para todos, porque quien tenga dinero podrá costear las tasas judiciales mientras que otros que no lo tiene no lo podrán hacer; en el que el derecho a la vivienda no sólo no está garantizado sino que hoy por hoy es un lujo alcance de unos pocos mientras se siguen expulsando a familias de sus casas al no poder afrontar el pago de sus alquileres o sus hipotecas y todavía se les condena a seguir pagando la deuda.
Y todo esto mientras vemos en los medios de comunicación casos de fraude, elusión y evasión fiscal, a la vez que se sigue sin dar una segunda oportunidad a miles de familias que sucumbieron a la crisis. Y se acompaña de dos circunstancias que agravan la percepción (real) de la injusticia: de un lado, la deliberada y sistemática actuación en favor de grandes grupos empresariales y de determinados lobbies económicos (bancos, eléctricas, autopistas, empresas transnacionales), a las que se transfieren directa o indirectamente miles de millones de euros mientras cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas esperan desesperadamente que las ayudas y las oportunidades también les alcancen a ellos; de otro lado, la deriva autoritaria de la actuación del Estado, que ha llevado a criminalizar la legítima discrepancia y la protesta pacífica y a ejercer una represión desconocida en nuestra actual etapa democrática (recuérdese la Ley Mordaza o la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal que ha llevado a 300 sindicalistas a los juzgados), situación que nos se ha corregido a pesar el cambio del Gobierno.
Cambios necesarios
Ante esto no podemos permanecer impasibles, no podemos conformarnos. Esta es la situación actual, y a ella estamos respondiendo desde UGT como siempre: con diálogo y propuestas, y con presión y movilización. Todo para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, y en especial a los grupos sociales más desprotegidos económica o socialmente: trabajadores precarios, jóvenes, mujeres, pensionistas, personas con discapacidad e inmigrantes.
No pretendo ser catastrofista. Solo quiero describir la situación de nuestro país con toda su crudeza. Porque los cambios son necesarios y urgentes, y sí, esos cambios se pueden llevar a cabo. Porque las personas no pueden esperar más.
Los problemas económicos y sociales de nuestro país tienen ya raíces profundas, y no se pueden solventar sin actuaciones de calado, que permitan recuperar la esperanza arrebatada a millones de personas. La convocatoria electoral ofrece la oportunidad de dar un nuevo cambio en las políticas de nuestro país, en favor de aquellos sectores sobre los que ha recaído con todo su peso la crisis, pero que no han gozado de las bonanzas de la recuperación.
Movilización electoral
Por eso hacemos un llamamiento a la movilización electoral. Pero además porque, aunque todos los procesos electorales son importantes, las elecciones del día 28 de abril no son unas elecciones cualesquiera. La desigualdad creciente y la falta de perspectivas de vida son la carcoma de nuestro modelo democrático y de convivencia. En estos momentos existe un riesgo cierto de involución en los derechos laborales, sociales e incluso fundamentales, si se abren paso las propuestas de determinadas opciones políticas. Estamos en un contexto en el que es necesario reforzar la democracia, la igualdad, la cohesión social y la convivencia; y eso se hace votando, y haciéndolo a los grupos que llevan en su programa actuaciones progresistas.
Por eso, UGT y CCOO instamos a todos los grupos políticos que concurren a las próximas elecciones generales a que asuman e integren nuestras propuestas en sus programas electorales, que quedan resumidas en un decálogo de propuestas que hemos elaborado, y a que actúen en consecuencia cuando, con posterioridad, tengan la oportunidad de legislar y gobernar.
Y por eso UGT y CCOO queremos hacer un llamamiento a los trabajadores y las trabajadoras a que se impliquen en este proceso electoral, a que escuchen las propuestas que harán las diferentes formaciones políticas, a que lo hagan con espíritu crítico y, finalmente, que acudan a votar y participen en este proceso electoral.
