Estamos a punto de despedir 2019, un año en el que la economía ha seguido creciendo y en el que las desigualdades apenas se han reducido, y dar la bienvenida a 2020. Y aún sin un Gobierno estable. Y llevamos casi cuatro años de interinidad política. Y quizás sea posible acabar con ella, contar con un gobierno estable de progreso y conseguir un punto de inflexión para acabar con el desempleo, la precariedad, la desigualdad y la pobreza en nuestro país.
Pero antes de hablar del futuro próximo, debo hacer balance del año que ahora termina. Comenzábamos 2019 con un nuevo gobierno socialista y con grandes expectativas de cambio social, laboral y económico. El acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno socialista y Unidas Podemos, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900€ y la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, daban alas a expectativas que pronto se frustraron, como consecuencia del bloqueo de esos presupuestos y la posterior convocatoria de nuevas elecciones generales en abril, que a su vez se tendrían que volver a repetir en otoño ante la falta de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar gobierno.
En ese contexto previo a las elecciones, fue posible, no obstante, lograr que el Gobierno articulara una ley de control horario que de una vez por todas obliga (o al menos lo intenta) a las empresas a acabar con la explotación de los trabajadores y trabajadoras y las horas extraordinarias no pagadas. Pero también vivimos la frustración del diálogo social: después de meses de negociación entre sindicatos, patronal y Ejecutivo fue imposible alcanzar un acuerdo para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP.
Por otro lado, estamos viviendo los frutos del AENC y, gracias también a una inflación contenida, vemos como los salarios suben este año por encima del IPC y logran ganar poder adquisitivo. Un acuerdo que, hay que recordar, recoge que en 2020 el salario mínimo en convenio debe ser al menos de 1000 euros.

Nueva oportunidad
Tras este año de incertidumbre política, social y económica, no sólo en nuestro país sino también internacional, con dos elecciones generales mediante y negociaciones continuas, quizás en enero conozcamos el nuevo gobierno de Pedro Sánchez para los próximos cuatro años. Pero si importante es lograr un gobierno estable, para los intereses de los trabajadores y trabajadoras aún lo es más que sea progresista, en su composición y sobre todo en sus políticas, y que responda a las demandas de la población (la mayoría votó a opciones progresistas en las últimas elecciones).
Hemos publicado y publicitado un programa reivindicativo muy claro. Para la sostenibilidad del sistema público de pensiones; para la subida de los salarios; para la recuperación de los servicios públicos; para la creación de empleo; para recuperar los derechos y dignificar las condiciones laborales derogando la legislación que convierte a los trabajadores en mercancía de libre disposición. En definitiva, para rescatar a las personas de 10 años de profunda crisis social y laboral, que ha ahondado en las desigualdades, a pesar de los últimos seis años de crecimiento económico.
Lucha contra el desempleo
No podemos seguir soportando una situación de paro estructural como si fuera algo normal. Puede que ya sea habitual, pero no tiene nada de normal. Por eso proponemos negociar y acometer urgentemente un plan de lucha contra el desempleo, en especial para jóvenes (la mitad no tienen trabajo y si lo tienen es mayoritariamente precario) y parados de larga duración (la mitad de los cerca de tres millones de desempleados llevan más de dos años en el paro). Para ello tenemos que reforzar también nuestro sistema de protección social y derogar la reforma laboral. Lo mismo ocurre con la formación para el empleo: tenemos que acabar con la reforma acometida por el PP, que no sirve para recualificar a los trabajadores y dotarles de mayores oportunidades de ser empleados o para conservar su actual puesto de trabajo.
Tiene que derogar la reforma laboral, que precariza el empleo y empobrece a los trabajadores y trabajadoras y los ha colocado en en una situación de indefensión frente a los empresarios, y también tiene que derogar la reforma de las pensiones del 2013 del Partido Popular, que empobrece a los pensionistas actuales ya también a los futuros y los condena a una vida de precariedad, y realizar una revisión del sistema de Seguridad Social para hacerlo más sostenible, entre otras cuestiones, sin descartar un nuevo impuesto si es necesario.
Ademas, manera inmediata, instaremos al próximo gobierno a acometer una subida del SMI hasta situarlo en el 60 % del salario medio de nuestro país, como recomienda la carta social europea, y revalorizar las pensiones conforme, al menos, al IPC, para que no pierdan poder adquisitivo.
Redistribuir la riqueza
No podemos mantenernos impasibles mientras vemos como crecen las desigualdades sociales y salariales, mientras aumentan las brechas de género y sociales, mientras vemos como se incrementa el número de multimillonarios y suben las retribuciones de los consejeros y altos directivos y las empresas distribuyen cada vez más dividendos.
Por nuestra parte, proseguiremos nuestra actividad ahondando en la negociación colectiva y exigiendo a CEOE y CEPYME el cumplimiento del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y que él salario mínimo en los convenios sea de al menos 1000 euros en 2020. A la vez seguiremos exigiendo el cumplimiento de las normas y las leyes en materia de prevención y que acabemos de una vez con la lacra de la siniestralidad laboral que provoca que cada día laborable mueran dos trabajadores y trabajadoras.
Por otra parte, exigiremos al próximo Ejecutivo unos Presupuestos Generales del Estado sociales que atiendan las necesidades de los más vulnerables y desfavorecidos y resuelvan los problemas de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Hay que recordar que comenzaremos el año con unos presupuestos prorrogados dos veces y que provienen del último gobierno del PP, que habíamos criticado hasta la saciedad por antisociales.
Y en materia fiscal, es necesario y urgente una reforma del sistema integral, progresiva y justa, que persiga el fraude e incremente la recaudación. No podemos admitir que las finanzas de nuestro Estado se sigan sustentando en las rentas del trabajo, mientras la elusión, la evasión y el fraude hacen que nuestra hacienda pública deje de recaudar 80.000 millones al año.
Acabar con la pobreza
Tenemos que lograr que el próximo Gobierno sea sensible a los problemas de los más necesitados y de un giro positivo a las políticas sociales, recuperando la universalidad de la Sanidad, acabando con los copagos y “medicamentazos”, reponiendo la tarjeta sanitaria a los que más la necesitan, recuperando la Ley de Dependencia en los términos anteriores a la crisis y dotándola de recursos suficientes, promoviendo políticas que saquen de la pobreza a los millones de conciudadanos que se han visto hundidos en ella, impulsando la tramitación de la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos avalada por 700.000 firmas y el apoyo de la mayoría absoluta de los grupos parlamentarios, etc…
En definitiva, vamos a reclamar al próximo Ejecutivo que acometa políticas que redistribuyan la riqueza que se está generando en este país y reduzca las desigualdades, que se han acrecentado de manera exponencial durante la crisis y, lo que es peor, durante los años de la posterior recuperación económica. 
El nuevo Gobierno tiene que ser consciente de que hay que romper de manera decidida con las políticas de austeridad, que han supuesto un incremento alarmante de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Es hora de recuperar los derechos laborales y sociales perdidos y apostar por un modelo de crecimiento que llegue a todos y sea duradero y sostenible.
Y vamos a exigirle que tenemos que recuperar las libertades y garantías democráticas perdidas durante la crisis y los años de gobierno del PP. Es preciso derogar la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza, que persigue la protesta social), el artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga, y establecer un compromiso real para que se respete el derecho de asilo y los derechos fundamentales de los migrantes en España y en Europa.
España debe recuperar el protagonismo perdido en el entorno europeo e internacional y vuelva a recuperar su fortaleza económica, social y democrática.
Más diálogo y más acuerdos
Y para todo esto, el Gobierno tiene que situar el diálogo y la negociación en el centro de sus políticas. Es imprescindible un compromiso firme por la negociación y el consenso, con el fin de que las medidas aprobadas beneficien a todos los sectores económicos y sociales de este país.
Para UGT, las políticas que desarrolle ese nuevo Ejecutivo los próximos años van a ser determinantes para recuperar a las personas, para anteponer los derechos sociales a los intereses económicos, para encarar de manera real y definitiva la recuperación y mejorar la vida de los ciudadanos.
Es hora de un nuevo tiempo político. El nuevo Gobierno tiene en sus manos reparar las fracturas abiertas en nuestro país durante los últimos años y tomar medidas de choque para proteger a las familias que tanto están luchando por salir de la situación de pobreza en la que se encuentran desde hace mucho tiempo (uno de cada cinco españoles está por debajo del umbral de la pobreza). 
La nueva legislatura tiene que convertirse en una oportunidad para apostar por un país de progreso. De lo contrario, nos convertiremos en un fiasco.
