El Gobierno y sus “socios” parecen dispuestos a seguir con su política de no pensar en los ciudadanos. Esta semana hemos visto como se aprobaba en el Congreso de los Diputados el techo de gasto para 2018. Para que os hagáis una idea, el techo es un mecanismo que sirve para limitar el gasto de las Administraciones Públicas. Intenta que no se disparen sus compromisos no financieros en época de bonanza y que, a su vez, se reduzcan en tiempos difíciles. Funciona, a grandes rasgos, como un freno.
Con la convalidación por parte del Congreso, el límite de gasto público se sitúa en 119.834 millones de euros para el año que viene, un 1,3% más que en 2017. Esto va a suponer que las rentas salariales y las políticas de protección social serán, otra vez, las variables de ajuste para cumplir el déficit.
De nuevo, nos encontramos ante una equivocada planificación de un Gobierno que no parece darse cuenta de la situación (o quizás no quiere hacerlo). Volverá a afectar a todos aquellos colectivos más vulnerables, al desarrollo de las políticas sociales y a la recuperación del sistema fiscal. Además, no actuará sobre los ingresos para establecer un marco recaudatorio justo y eficiente. Seguimos retrocediendo.
Por otro lado, permitidme que os diga que no es razonable que al establecer este techo de gasto, las Comunidades Autónomas no sean las verdaderas protagonistas. En nuestro país es necesaria una manera de abordar las relaciones entre Administraciones entre sí, además de dotarlas de recursos para atender las demandas de los ciudadanos. Necesitamos un sistema de financiación que sea equilibrado en función de los servicios que prestan las autonomías. Una financiación que sea objetiva, suficiente y que no esté pensada en términos de carácter político. Estamos hablando de los derechos de todas las personas que conforman este país, y eso es más importante que conseguir el voto de uno o dos diputados en el Congreso.
Desde la Unión General de Trabajadores, consideramos que la planificación económica de este país no puede descansar sobre un crecimiento basado en el bajo coste laboral y bonificaciones que no absorban el beneficio empresarial. Resulta preocupante no aumentar los ingresos mientras el Gobierno acuerda rebajas fiscales. Es por ello que exigimos políticas que persigan un modelo económico equilibrado y sostenible, con un mayor reparto de la riqueza que se está generando entre quien más lo necesita, con más protección social, con mayor inversión e innovación y un mercado laboral fuerte, que proteja los intereses de los trabajadores y trabajadoras a la vez que genere empleo con derechos. Reitero, es momento de pensar en el ciudadano, en los trabajadores y trabajadoras, y dejar de lado los intereses políticos.
