Sin servicios públicos decentes no hay Estado ni sociedad que se sostenga. Los servicios públicos son cohesión social, son cohesión territorial, y son garantía de funcionamiento de las estructuras del Estado. Ese es un principio fundamental para UGT, lo ha sido históricamente para la izquierda política y social y, para mí personalmente, es una convicción profunda.
Ahora, después de casi cuatro décadas con el neoliberalismo como ‘pensamiento único’ dominante en buena parte del mundo –y en las instituciones económicas mundiales- parece que empiezan a reconsiderarse algunas de sus premisas. Aquello de que el Estado es siempre un mal gestor y el sector privado lo hace siempre mucho mejor, es un principio ideológico, no una realidad empírica; y es precisamente el contraste con las consecuencias de la aplicación durante años de ese principio lo que está llevando a cuestionarlo.
Si el Estado no se encargara de proveer algunos servicios nadie lo haría, porque hay actividades necesarias para una sociedad que no son rentables en términos económicos, sino que su rentabilidad se mide en términos de bienestar social, calidad de vida de los ciudadanos, inversiones a medio y largo plazo, etc…
Además de privatizar empresas públicas, de liberalizar casi todos los sectores de la actividad económica para incentivar la competencia (provocando pérdida de empleos de calidad, deslocalización de actividades, sustitución de monopolios públicos por cuasi monopolios privados, etc…), se han cuestionado y comprometido los principios de universalidad y gratuidad de algunos servicios públicos fundamentales.
Me opongo radicalmente a quienes plantean la ruptura de los compromisos sociales del Estado y apuestan por un modelo de Estado mínimo o asistencialista, y defiendo el blindaje constitucional del Estado de Bienestar y de los servicios públicos porque son la mejor garantía para articular realmente el Estado Social y Democrático que establece la Constitución.
Hay que empezar a recomponer los destrozos ocasionados durante años, y especialmente durante la crisis. Hemos vivido en un contexto de recorte presupuestario y contención del gasto que ha afectado gravemente a los servicios públicos, y ya es hora de empezar a recomponer los destrozos ocasionados durante la crisis.
Aquella frase de Mariano Rajoy, “No podemos gastar lo que no tenemos”, -falsa, porque dedicamos miles de millones a rescatar al sistema bancario, endeudándonos- sirvió de argumento para cometer muchos estropicios en lo público. No sólo hay que recuperar los niveles de empleo necesarios para que las administraciones públicas cumplan realmente sus compromisos, hay que restaurar las dotaciones presupuestarias para financiar sanidad, educación, vivienda, protección social, dependencia…; y hay que recomponer el tejido legal que garantiza su universalidad, equidad, eficiencia, calidad, gratuidad.
Mucho trabajo, y muy urgente.
