En las últimas semanas hemos tenido que escuchar auténticas barbaridades hacia las mujeres, las personas refugiadas y migrantes, gais, lesbianas, bisexuales, trans o las personas intersexuales. Afirmaciones y propuestas dirigidas, únicamente, a cuestionar sus derechos y libertades en base a la orientación sexual o la identidad de género, el origen, la nacionalidad o su situación personal.
Desde UGT hemos luchado siempre por la igualdad de trato y oportunidades y no discriminación. Por una Igualdad, en mayúsculas, que no discrimine a ninguna personal por ningún motivo.
En estas próximas elecciones, es necesario que los partidos se comprometan a llevar a cabo políticas y medidas que hagan frente a la discriminación y situación de desventaja y vulnerabilidad que en muchas ocasiones acaba desembocando en exclusión y segmentación social. Tenemos que lograr una sociedad verdaderamente inclusiva, respetuosa con la diversidad y plural.
UGT exigirá al Gobierno entrante que garantice los derechos de las personas LGTBI, asegurando, para la diversidad sexual, familiar y de género, entornos seguros y libres de discriminación de odio que erradique la violencia en todos los ámbitos, especialmente en el social, el laboral, el sanitario o el educativo.
Y vamos a pedir al Gobierno, así como a todos los partidos del parlamento, una ley de igualdad de oportunidades y de trato de aplicación para todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y que garantice la igualdad en los ámbitos públicos y privado, y de forma especial en el empleo y la protección social. Así mismo, pedimos una Ley integral LGTBI, ampliamente apoyada por las organizaciones sociales, que proteja a lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales de la violencia y el odio que sufren día a día.
Ninguna persona es ilegal. Nuestro país necesita poner soluciones a los problemas que viven las personas extranjeras en situación administrativa irregular, víctimas de explotación laboral o sexual, delitos de odio o de trata. Es importante extender la posibilidad, real y efectiva, de acceder a una autorización para residir en España.
Y, en estas líneas, pedimos una política orientada a facilitar el retorno de quienes han emigrado al exterior, con medidas específicas según los perfiles y que incluyan, en el marco del Diálogo Social, la reincorporación o inserción en el mercado de trabajo español.
Solo podremos ser un país digno, si defendemos los derechos e intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas, en su ámbito laboral y más allá del mismo, independientemente de su religión, origen étnico, sexo u orientación sexual o afectiva, o nacionalidad, de donde hayan nacido o de donde vivan o realicen su trabajo.
